El próximo 29 de noviembre los españoles están llamados a las urnas. El partido, -o bloque- político que conforme un nuevo gobierno tendrá que lidiar con una economía que esconde luces y claros. Por un lado, con una economía que crece en torno al 2,5 y 2,6%, con una tasa de paro por debajo del 10% y con una deuda en torno al 100% del PIB. Deuda que cuesta unos 45.000 millones de intereses al año. Por no hablar de uno de los principales motivos que ha adelantado la cita de los españoles con las urnas: la vivienda.
¿Cómo actuará el nuevo Ejecutivo ante estas cartas?
El partido que llegue al Ejecutivo el 29 de noviembre heredará una economía de contrastes y con unas cuentas en las que buena parte del dinero ya está comprometido
La deuda, el punto que puede marcar la hoja de ruta del nuevo gobierno
En julio, la deuda española representaba el 99,9% del PIB, 2,4 puntos menos que hace un año. Es la primera vez por debajo del 100% desde antes de la pandemia. Pero en euros no baja: 1,74 billones, un 3,8% más que hace un año. Es decir: pesa menos sobre la economía, pero España debe cada vez más. De ese dato, casi la mayor parte (1,6 billones) pertenece a la Administración Central; 355.000 millones a Comunidades, 136.000 millones de euros a la Seguridad Social, y 31.000 millones a Ayuntamientos.
Y aquí aparece el gran condicionante: las reglas fiscales de Bruselas. El punto de la deuda puede ser decisivo en la nueva hoja de ruta del próximo gobierno: la AIReF revisó al alza la previsión del crecimiento del gasto en 2026 hasta el 6,4%, por encima de lo previsto por el gobierno y que roza el límite permitido por Bruselas. Esto obligaría a España a realizar ajustes a partir de 2027 para respetarlo.
El próximo Gobierno tendrá tres opciones: recortar gasto, subir ingresos o pedir más margen a Bruselas. Eso puede notarse a través de ayudas que se prorrogan o se retiren, en impuestos o en los servicios públicos.
Por su puesto, quien gane las elecciones el próximo 29 de noviembre lo hace con la mayor asignatura pendiente en políticas económicas: la de la vivienda. Un problema que llega a las urnas sin resolver