Las pensiones vuelven a ser objeto de debate en España y, con toda probabilidad, serán parte del programa económico electoral de la cita con las urnas a la que están llamados los españoles el próximo 29 de noviembre. ¿Está en duda la viabilidad del sistema público de pensiones de España? ¿Qué otras alternativas existen?
Las pensiones vuelven a ser objeto de debate en España y, con toda probabilidad, serán parte del programa económico electoral de la cita con las urnas a la que están llamados los españoles el próximo 29 de noviembre. ¿Está en duda la viabilidad del sistema público de pensiones de España? ¿Qué otras alternativas existen?
¿Está quebrado el sistema de pensiones en España? Según el diputado de VOX, José María Figaredo, sí. De lo que no cabe duda es de que el gasto en pensiones en España cada vez pesa más en la cuenta final y es una tendencia que, por ahora, no se va a revertir. 2025 cerró con un nuevo gasto récord en pensiones de 189.598 millones de euros en pensiones contributivas: un 6% más que el año anterior. Un volumen que representan en torno al 13% del PIB, lo mismo que sectores enteros como el turismo.
El equilibro entre contribuyentes y beneficiarios, esencial en el sistema español
España tiene una población cada vez más envejecida con un 20% por encima de los 65 años, por lo que las pensiones serán cebo en la campaña electoral de las próximas elecciones. El actual sistema de pensiones de nuestro país se basa en el modelo de reparto. Es decir, las aportaciones de los trabajadores en activo sirven para pagar las pensiones de los jubilados actuales. También es conocido como el sistema de solidaridad intergeneracional. Aquí el equilibrio entre contribuyentes y beneficiarios, es decir, los pensionistas, se vuelve esencial y es por lo que cada vez más escuchamos que este modelo se está volviendo insostenible.
¿Por qué el modelo de Suecia es el más utilzado de ejemplo?
Dos ejemplos de países en los que la parte privada tiene un peso muy importante en su pensión final serían Dinamarca y Países Bajos, donde supera el 40%. En estos países el peso de la parte pública en la pensión final es del entorno del 28%, según el informe de pensiones de noviembre realizado por la OCDE.
Suecia, por su parte, sería el modelo más intermedio si lo comparáramos con España, que demostraría que no hace falta sustituir un sistema público para desarrollar un segundo pilar. Aquí, la parte pública representa el 50% y la privada ocupacional en torno al 13%: recuerden siempre que cuando nos jubilamos o nos queda una pensión, no suele ser del 100%.
¿Es posible que España pase de un sistema público a uno privado?
La respuesta aquí es: rotundamente no. El propio Banco Central Europeo (BCE) señala que pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización privada tiene un coste que podría generar un agujero en ese periodo de transición. Por lo que el Banco Central recuerda que pasar de un modelo a otro implicaría mantener durante décadas la financiación del sistema antiguo mientras se acumulan activos suficientes para el nuevo.
Cada vez más, el modelo impulsado por la Comisión Europea se basa en modelo mixto en el que la parte pública se combine con aportaciones privadas, como el sistema de autoenrollment, por el que los trabajadores quedan suscritos de forma automática a un plan de pensiones de empleo del que puede darse de baja cuando quiera.