En concreto, el acuerdo hacer referencia a una nueva Directiva para bloquear y dificultar el acceso de los delincuentes a los activos financieros. Las nuevas normas tienen también como objetivo definir los delitos penales y las sanciones, así como adaptar las normas comunitarias a las obligaciones internacionales.
La norma establece que las actividades de blanqueo de dinero podrán sancionarse con penas de cárcel de hasta 4 años y prevé que los países puedan definir la aplicación de circunstancias agravantes en base al valor de bienes y capitales blanqueados.
Además, las personas jurídicas podrán ser consideradas responsables de blanqueo y enfrentarse a diferentes sanciones, incluida la exclusión de las ayudas públicas, el sometimiento a vigilancia judicial o la disolución judicial.
El Consejo y el Parlamento Europeo deberán adoptar formalmente el texto y los países tendrán hasta 24 meses para incorporarlo a su ordenamiento jurídico interno.
Por último, la nueva directiva incluye normas para definir qué Estado miembro tiene jurisdicción y la cooperación entre los países afectados en delitos que afecten a varios de ellos.