Recordemos que la autorización de la Comisión Europea para la comercialización del maíz modificado genéticamente data ya de 1998 y que en 2013 confirmó que no había evidencias científicas que justificaran una alerta alimentaria por el tema.
A pesar de todo el Gobierno italiano prohibió el cultivo de maíz modificado genéticamente e incluso más, instruyó diligencias penales contra unos agricultores que habían sembrado este producto.
Enseguida el tribunal penal que conocía de los hechos se dirigió al TJUE para que aclarase el escenario.
Ahora disponemos de la resolución que es firme diciendo que no se ha demostrado el riesgo para la salud de personas ni animales y que los estados miembros no tienen facultades para hacer prohibición alguna en este sentido.
La justicia europea no tiene ni la más mínima duda, denegando incluso la adopción de medidas cautelares, porque no aprecia riesgo alguno para la salud.