El gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha aprobado un decreto-ley que autoriza la creación de sociedades mixtas entre capital estatal y privado por primera vez en casi 70 años.
La medida llega en plena crisis económica. El país sufrió una caída del 5% del PIB en 2025, y acumula un descenso del 15% desde el año 2020. La situación se ha agravado por la crisis energética que lastra al país desde mediados de 2024.
Hoy ponemos el foco en Cuba, que abre la puerta a sociedades mixtas: un giro en su política económica.
Entre los factores que han agravado la situación se encuentran las sanciones impuestas por Estados Unidos y la dificultad para recibir con regularidad el petróleo proveniente de Venezuela.
Tras la intervención militar estadounidense en territorio venezolano y la posterior interrupción del suministro de crudo hacia Cuba, el gobierno ha tenido complicaciones para garantizar energía y combustibles tanto a la población como al sector productivo. Ante esta situación, en febrero se ha adoptado un paquete de medidas urgentes para enfrentar el fuerte desabastecimiento de combustible. Pero las autoridades cubanas han advertido sobre la gravedad de la crisis energética y de abastecimiento que afecta a la isla.
Ahora, gracias a este cambio, las empresas van a poder operar en casi todos los sectores de la economía y decidir qué productos o servicios ofrecer, fijar sus propios precios y establecer tanto la cantidad de trabajadores como los salarios que recibirán. Las únicas áreas excluidas de esta apertura son salud, educación y defensa, según recoge Europa Press.
La normativa representa un cambio significativo dentro del modelo económico cubano, dominado por empresas estatales y con un sector privado sujeto a fuertes limitaciones.
Este nuevo decreto permite que empresas estatales y privadas, tanto nacionales como extranjeras, formen asociaciones empresariales con mayor autonomía en materia de contratación laboral y remuneraciones.
La legislación tampoco establece límites estrictos al número de empleados que puede tener cada compañía, lo que introduce mayor flexibilidad en comparación con el sistema anterior.
Sin embargo, se mantiene la prohibición de gestionar directamente servicios de salud o educación, sectores históricamente reservados al control estatal, así como aquellas actividades consideradas estratégicas para la seguridad nacional.
El objetivo declarado del gobierno es generar nuevas oportunidades para dinamizar la producción nacional y enfrentar el deterioro en las condiciones de vida de la población, especialmente en un contexto marcado por dificultades para importar recursos esenciales debido a limitaciones comerciales y financieras.
En definitiva, el decreto-ley representa un cambio relevante en la estrategia económica del país. La medida busca crear alternativas que permitan enfrentar las restricciones internacionales y favorecer la recuperación económica.