Así, los técnicos resaltan el alcance limitado de esta medida, todavía en el aire y sin concretar, que beneficiaría a un tercio de los pensionistas con mayores ingresos. De esta manera, el Gobierno podría impulsarla para sumar apoyos en aras de aprobar las cuentas públicas y calmar los ánimos tras las masivas protestas que están teniendo lugar en toda España para defender la suficiencia del sistema público de pensiones.
Los pensionistas de Extremadura, Castilla La Mancha y Canarias serían los menos beneficiados por esta medida, frente a los de las provincias de Madrid, Barcelona, Zaragoza, que serían a quienes más beneficiaría (ver archivo adjunto).
En cualquier caso, Gestha matiza que su estimación debe calificarse como prudente, ya que muchas personas con pensiones superiores a los 12.000 euros, umbral a partir del que se empezaría a tributar, tampoco pagarían IRPF en caso de sufrir algún tipo de discapacidad o cuando superan los 65 ó 75 años.