La buena noticia es que ayer mismo se hacía público un dictamen de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado que se esfuerza por la cooperación a nivel europeo de las investigaciones en el terreno criminal.
La mala noticia es que ayer también finalizó el plazo que una Directiva europea concedía a nuestro país para poner en marcha la Orden Europea de Investigación. Por eso el movimiento de la Fiscalía, para solventar el vacío legal.
Y es una pena porque frente al terror no queda otra cosa que mejorar los recursos de quienes trabajan para atrapar al malo y ponerlo a buen recaudo.
En este caso el retraso legislativo de España, por ejemplo, impide que se agilice el procedimiento para solicitar directamente a las autoridades homólogas de la Unión Europea las pruebas que incorporan a los procesos abiertos en España.
Hasta ahora era necesario poner en marcha tratados internacionales y el mecanismo denominado exhorto europeo que aproximaba a las diferentes autoridades a la hora de practicar diligencias y obtener pruebas, pero a partir de ahora la Orden Europea de Investigación pretende sustituir ese antiguo mecanismo.
Francia y Alemania han hecho sus deberes. Bélgica, Portugal, Reino Unido, Austria e Italia han apurado los plazos mientras que España ha excedido la fecha límite que era el día de ayer. Parece increíble que en estas cuestiones de carácter técnico no estemos a la última, no se aprovechen todos los recursos posibles, cuando la amenaza está ahí fuera.