Las protestas en Francia han alcanzado su punto álgido el pasado fin de semana con imágenes que muestran a París convertida en un escenario bélico. ¿Cuál es el verdadero núcleo de todo lo que está pasando?
Hoy ponemos el foco en el origen de la difícil situación que atraviesa Francia y en por qué el Banco Central Europeo no puede intervenir.
La clave está en la elevada deuda de Francia. Y va a ir a peor. Los mercados financieros exigen cada vez más rentabilidad para comprar deuda gala. El rendimiento del bono francés a 10 años roza el 5%, un nivel que no se supera desde el año 2002, hace más de 24 años.
Francia paga ya un tipo de interés más alto que economías como España, donde el bono a 10 años está un poco por encima del 4%.
La prima de riesgo francesa está disparada. La desconfianza de los inversores ha llevado al diferencial con el bono alemán a tocar los 146 puntos básicos, niveles que replican el escenario de la crisis del euro en 2012.
Cuanto más crece la desconfianza, más le cuesta al país financiarse y más crecen los intereses de su deuda. Se espera que los pagos de intereses alcancen los 91.200 millones de euros en 2027, en comparación con los 79.200 millones de euros en 2026. La deuda pública, por su parte, se prevé que ronde el 122% del PIB (en comparación con el 115,7% en 2025 y el 119,3% en 2026).
El crecimiento de la economía francesa ha permanecido por debajo del 2% desde el final de la pandemia. El Gobierno de Francia ha rebajado al 0,5% su previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del país para 2026, desde el 0,7% que estimaba anteriormente.
El Instituto Nacional de Estadística francés, es algo más pesimista y recortaba su previsión de crecimiento a solo el 0,4%, ante la debilidad de la actividad.
A esto se suma que la fragmentación en el parlamento francés dificulta la aprobación de presupuestos y grandes reformas para frenar el gasto público.
Ante este panorama, ¿qué puede hacer el Banco Central Europeo?
El BCE cuenta con el Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI), conocido como su principal mecanismo antifragmentación. Está diseñado para comprar deuda pública de países de la eurozona cuando sufren subidas de tipos injustificadas que entorpecen la política monetaria.
Esta herramienta se aprobó en 2022, es un mecanismo diseñado para comprar deuda pública en el mercado secundario y evitar que las primas de riesgo de esos países se disparen. Su objetivo es asegurar que la política monetaria del BCE llegue por igual a todos los países de la Eurozona.
Pero la cuestión es que para activar el TPI, el país afectado debe cumplir con las reglas fiscales de la Unión Europea y no estar sometido al procedimiento de déficit excesivo con incumplimiento grave.
Francia sí enfrenta un procedimiento de déficit excesivo abierto por la Unión Europea desde 2024, con un déficit público previsto del 5,4% del PIB para 2026, muy por encima del límite del 3% que dictan las normas fiscales comunitarias.
El gran temor que empieza ahora a calar en los mercados es si la crisis política, económica y social que atraviesa Francia se va a extender a otros países europeos.