No se ha hablado de otra cosa esta semana. Catorce años después de la última gran movilización, España se enfrentaba este pasado miércoles 11 de novimebre a una jornada de huelga general con motivo de la inaccesibilidad a la vivienda y la pérdida del poder adquisitivo.
Lejos de alcanzar el seguimiento del 14 de diciembre de 1988 —cuando, según datos oficiales, cerca de ocho millones de trabajadores secundaron el paro contra el plan de empleo juvenil de Felipe González—, esta convocatoria no ha logrado la misma unanimidad, pese a que la vivienda supone un problema común para gran parte de la ciudadanía.
El rifirrafe entre la izquierda y la derecha ha sido el claro diferenciador de una huelga que, según distintos sectores ha tenido un seguimiento u otro. Cruce de datos que ha sido complicado de seguir.
Por un lado, los sindicatos convocantes (CCOO y UGT) sitúan el seguimiento territorial en una horquilla que iba del 41% en comunidades como Castilla La Mancha y Extremadura a más del 80% en Cataluña y Andalucía.
Unai Sordo, secretario general de CCOO, calificaba la huelga de éxito, unas palabras a las que se sumaba también el dirigente de UGT, Pepe Álvarez, quien defendía la movilización a favor de una vivienda digna y avance en salarios.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la calificaba de átipica y preventiva. En su línea de siempre, ha defendido que la actividad empresarial se desarrolló con normalidad en la mayoría de sectores.
Cruce de datos con...¿poco impacto en el consumo eléctrico?
Si nos ceñimos a los datos de Red Eléctrica, el indicador más utilizado para medir el pulso real de la actividad productiva, la huelga de este 11N reducía el consumo eléctrico en un 7,46 % hasta las once de la mañana. Una cifra que queda lejos del 11 % de promedio que se registró en el conjunto de la jornada durante la anterior huelga del 14N de 2012.
Pero, más allá de los datos, ¿qué han decidido los trabajadores a pie de calle? ¿Hay motivos de sobra para secundar esta huelga? Esto nos contaban a principios de semana:
¿Cuál ha sido el seguimiento de esta huelga y qué impacto económico ha tenido en las arcas públicas? Bajamos a la calle a ver qué opinan los trabajadores.
Derecho a secundar, pero no a cobrar
Lo que mencionan varios trabajdores responde directamente a la aritmética laboral vigente. De acuerdo con el Real Decreto Ley 17/1977, secundar una huelga suspende temporalmente el contrato de trabajo, pero no es una sanción.
Estás en todo tu derecho de no ir ese día a trabajar. No lo digo yo, lo dice la Constitución, pero la empresa, eso sí, te descuenta el salario base de esa jornada, así como los complementos vinculados a ese día y la parte proporcional tanto de las pagas extra como del descanso semanal.
Si lo aterrizamos en cifras, Josep Ginesta, secretario general de PIMEC, calcula en torno a 50 euros la deducción para una nómina de unos 1.500 euros. Cuanto más ganes, más pierdes. Para un sueldo medio, que a día de hoy roza los 30.000 brutos al año, la deducción sería de unos 90 euros, una cifra que ha desatado una variedad de opiniones en la calle.
Sale adelante el decreto de vivienda
Y 24 horas después de que España viviera esta huelga general, el pasado jueves 12 de novimebre la Diputación Permanente convalidaba el decreto de vivienda que incluía medidas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables y la prórroga de dos años de los contratos de alquiler.
Ha salido adelante gracias al apoyo de los 35 diputados de PSOE, Sumar, Esquerra, PNV y Podemos y con el voto en contra de los 34 diputados de PP, Vox y Junts. No obstante, el PNV se ha sumado al ‘no’ del bloque de la derecha en el decreto que buscaba establecer la renovación automática de los alquileres y este no ha salido adelante.
A todo esto, ya hay cifras que estiman el impacto económico de la huelga en unos 2.000 millones de euros al PIB, al incluir tanto las ausencias laborales como las dificultades que impedirían trabajar a otros. Funcas planteó un escenario incluso de hasta 5.000 millones si el seguimiento era total.
Y estos datos pues han llamado la atención del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien aprovechaba en la sesión del jueves para cargar contra las organizaciones empresariales y ponía en valor la fuerza de los trabajadores.
Al margen del rifirrafe político y de la guerra de cifras entre unos y otros, lo que queda claro es que el problema de la vivienda y el estancamiento de los sueldos golpean a todos por igual, más allá de siglas o banderas. Por tanto, con una campaña electoral que recién comienza y unas elecciones a la vuelta de la esquina, ahora solo nos queda esperar a las propuestas reales de unos y otros.