Catorce años después de la última gran movilización, España se enfrenta este miércoles a una jornada de huelga general que vuelve a poner en tensión las reivindicaciones sociales y el impacto directo sobre el tejido productivo. Los sindicatos convocantes (CC.OO y UGT) justifican el paro por la inaccesibilidad a la vivienda, la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los hogares y la urgencia de revalorizar los salarios.
Sin embargo, para las empresas, especialmente las pymes y autónomos, un paro general representa un esfuerzo económico añadido en un escenario de costes al alza y altos niveles de absentismo. Josep Ginesta, profesor de OBS Business School y secretario general de PIMEC, ha analizado en profundidad las implicaciones legales, económicas y organizativas de esta convocatoria tanto para trabajadores como para empresas.
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Hacer huelga, un derecho constitucional
Según explica Ginesta, el derecho a secundar una huelga está protegido constitucionalmente cuando ha sido convocada legalmente por sindicatos con representatividad. "Hay un derecho protegido constitucionalmente que significa que las personas pueden ausentarse sin ni siquiera justificar el motivo por el que se ausentan de su puesto de trabajo", señala el experto.
Sin embargo, este derecho tiene consecuencias directas en el salario y la cotización del trabajador. Ginesta matiza que "existe una protección constitucional que no abarca con la misma intensidad lo que sería el derecho a los que quieren trabajar, porque ahí hay una afectación sobre servicios esenciales que no siempre se acaban cumpliendo".
El coste real para el trabajador: entre 50 y 90 euros
El impacto económico de secundar la huelga no se limita únicamente al salario del día. Como detalla el secretario general de PIMEC, "por un día de huelga es el salario de ese día y la parte proporcional de los dos días de descanso en un trabajador que trabaje cinco días de siete". Además, existe "una pequeña y muy escasa afectación sobre las pagas extraordinarias".
Para una nómina media de 1.500 euros netos, Ginesta calcula que "la afectación media podría estar seguro de 50 euros por persona". Sin embargo, advierte que esta cifra puede ser mayor en sectores donde existen primas, bonificaciones o productividad: "Un día menos de productividad hace que se alcancen o no los objetivos mensuales y eso puede tener una afectación mucho mayor".
Las empresas, por su parte, deben cursar notificaciones especiales a la Seguridad Social, tanto del inicio como de la finalización de la huelga por cada trabajador que la secunde, ya que se trata de un día en el que no se cotizará.
Las pymes, las grandes perjudicadas
El secretario general de PIMEC destaca una paradoja fundamental: "La huelga siempre es contra la empresa. Es decir, la huelga es intentar obligar a la empresa a que modifique su postura ante una negociación, ante un problema puntual.
Y, sin embargo, venimos firmando convenios colectivos, venimos negociando condiciones laborales y tenemos una cierta paz social en el mundo laboral".
En este sentido, Ginesta cuestiona la lógica de la convocatoria: "Vemos una huelga que se provoca por un problema social que es cierto que afecta a la ciudadanía, afecta a muchas familias, a muchos hogares de nuestro país. Pero a quién afecta después de a las personas y a los hogares es a las empresas".
La deflactación fiscal como solución estructural
Más allá de la huelga concreta, el secretario general de PIMEC plantea una reflexión sobre el sistema fiscal español. "Si en nuestro país adoptáramos medidas de deflactación fiscal, muchas de las personas de este país tendrían un mejor salario", afirma.
Ginesta explica que "la no deflactación de la tarifa del IRPF en este país hace que de cada 2 euros que una pyme invierte en sus trabajadores al trabajador le llegue a su bolsillo solo uno". Esta situación se debe a que "no existe una deflactación consecuente de la tarifa del IRPF a la evolución del índice de precios como sí que hacen la mayoría de países en Europa".
Según datos de la organización, "España está en el margen más bajo junto a Chipre de la deflactación de la tarifa en relación con la capacidad que tendríamos de mejorar nuestro sistema impositivo y especialmente en una cuestión tan sensible como son los salarios de las personas que trabajan en este país".
En definitiva, la huelga general de este miércoles pone de manifiesto las tensiones estructurales de la economía española: el problema de la vivienda, la presión sobre los salarios, la carga fiscal y la vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas.
Como concluye Ginesta, se trata de un conflicto que afecta "por una cuestión que no han provocado ellas", en referencia a las empresas que sufrirán las consecuencias de una movilización motivada por problemas sociales que requieren soluciones estructurales a largo plazo.
