Miles de brasileños salen a las calles por cuarta vez en el año para exigir la destitución de la presidenta del país. Dilma Rousseff. Aunque con algo menos de apoyo que en las anteriores protestas. Los organizadores lo explican porque sólo han tenido unos días para prepararla. Los manifestantes exigen la salida del gobierno en pleno por todos los casos de corrupción como explica Míchel, el líder del movimiento “Sal a la Calle”: "Los movimientos de la calle están ayudando a cambiar este país. Tenemos un senador arrestado, un presidente de banco arrestado, el dueño de una importante empresa de construcción y los propietarios de otras grandes empresas arrestados. Esto es algo que no ocurrió en el pasado en Brasil y la presión de las calles está ayudando a cambiar este país y hacer que el cambio sea posible, la presión de las calles ayudará a impulsar el juicio político"

Aunque gran parte de la población está harta de la corrupción y Brasil atraviesa la peor recesión económica en décadas, la inflación supera el 10% y el desempleo crece, esta protesta contra Rousseff no igualó las cifras de las anteriores manifestaciones, que de acuerdo a la policía juntaron 2,4 millones el 15 de marzo y a cientos de miles el 12 de abril (701.000) y el 16 de agosto (879.000).

Rousseff afronta en estos momentos un juicio político con miras a su destitución que comenzó el pasado martes en la Cámara baja, pero que actualmente se encuentra suspendido a la espera de que el miércoles la Corte Suprema se pronuncie sobre los procedimientos para llevarlo a cabo.

Los cargos a los que se enfrenta Rousseff se fundamentan en una serie de maniobras fiscales que el Gobierno llevó a cabo en 2014 y continúo en 2015 con el fin de maquillar sus cuentas.
Estas prácticas podrían llegar a considerarse "delitos de responsabilidad", una de las causas que la Constitución brasileña contempla como motivo para la destitución de un mandatario.