De esta cantidad de dinero, el ejecutivo pretende destinar 15.000 millones a apoyar la ampliación de capital de Monti de Paschi di Siena y otras entidades crediticias, como Popolare de Vicenza, Veneto Banco y Banca Carige. Aunque el decreto no mencionará a ningún banco en este respecto. Los 80.000 millones de euros restantes, estarán sujetos a avales que el Estado podría proporcionar para apoyar la liquidez de los bancos. En este sentido, los avales servirían para garantizar bonos que los bancos podrían utilizar como colaterales para obtener préstamos del BCE.
Otras de las claves de este paquete de medidas sería amortiguar las pérdidas de los inversores, cuyos bonos se convertirán en acciones si el Estado interviene para apoyar a los bancos.