Reino Unido estrena su séptimo primer ministro en 10 años con la llegada de Andy Burnham, quien promete el mayor cambio político de los últimos 40 años. El nuevo líder laborista ya mantiene conversaciones con los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, así como con la presidenta de la Comisión Europea, para adelantar sus planes que incluyen una atención especial a la reindustrialización del país.
Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, analiza que esta llegada representa "una reactivación del Partido Laborista" que busca frenar el ascenso del partido de Nigel Farage, Reform UK, que experimenta un notable crecimiento en las encuestas. "Lo que hace la llegada de Andy Burnham, de algún modo, es reducir las expectativas de voto que tenía el partido de Farage", explica el experto.
Andy Burnham promete el mayor cambio político en 40 años, pero los mercados reaccionan con cautela a su ambicioso programa de reindustrialización.
Un programa ambicioso de intervención estatal
Burnham presenta un programa que sitúa la defensa y la seguridad en lo más alto de sus prioridades políticas. El primer ministro habla de "construir una nueva economía donde volvamos a poner los bienes esenciales para la vida bajo un mayor control público", con el objetivo de hacerlos más asequibles para los ciudadanos. Su estrategia incluye la reindustrialización de Gran Bretaña utilizando la contratación pública para respaldar la industria británica.
El nuevo gobierno se compromete a reformar el sistema educativo, fomentar la incorporación de más jóvenes al mercado laboral, ampliar la asistencia en salud mental y construir más viviendas sociales. Burnham defiende que esta intervención pública es "la vía justa y sostenible para reducir la factura del bienestar social", al tiempo que cumplir las normas fiscales y honrar los compromisos con los socios internacionales en defensa.
Benedicto considera que se trata de "un laborismo más moderno, tipo el que introdujo ese nuevo laborismo de Blair", con medidas orientadas sobre todo a reducir el coste de la vida. Entre las propuestas destacan la congelación de los alquileres, la reducción de los precios de los autobuses y la electricidad, y el impulso de la vivienda social. El gobierno no descarta aumentar el IRPF al 50% para las rentas más altas e interpretar de manera más flexible las reglas fiscales para financiar parte del gasto público.