El Parlamento Europeo se prepara para votar antes de final de año dos de las normativas más importantes para el futuro industrial del continente: la Ley de Aceleración Industrial, conocida como Made in Europe, y la revisión de las emisiones de CO2. Así lo explica Susana Solís, eurodiputada en el Parlamento Europeo por el Partido Popular, quien detalla que ambas medidas buscan "dar certidumbre a la industria, que es lo que nos está pidiendo".
La eurodiputada del PP aborda en Europa en Marcha las claves de la Ley de Aceleración Industrial y la revisión del reglamento de CO2 que se votarán antes de final de año.
El proceso legislativo europeo, reconoce Solís, es complejo y largo. "Viene la propuesta de la Comisión y llega al Parlamento. Tenemos que negociarla entre los diferentes grupos políticos y se vota primero en la Comisión de Medio Ambiente o de Industria y luego en el Pleno, con lo cual tiene que pasar dos votaciones. Pero una vez que pasa esas dos votaciones vienen también las negociaciones con el Consejo que son los primeros ministros o los Ministros de Medio Ambiente de los 27 países", explica la eurodiputada.
Made in Europe: solo los 27 más Reino Unido
Respecto a la Ley de Aceleración Industrial, Solís revela que Francia y Alemania ya han alcanzado un acuerdo sobre su postura, aunque lamenta que "dónde está España en la negociación de esta ley". La eurodiputada defiende una posición clara: "Made in Europe o hecho en la Unión Europea quiere decir hecho por los 27 países más el espacio económico europeo Liechtenstein, Noruega más Reino Unido. En el caso del automóvil, pero en ningún caso otros países".
Esta postura contrasta con la propuesta inicial de la Comisión Europea, que contemplaba 80 países, incluyendo Marruecos y Turquía. "No son países que beneficien especialmente su competencia a la industria europea, no juegan con las mismas condiciones que nosotros", argumenta Solís.
La eurodiputada insiste en que cualquier excepción debe cumplir requisitos estrictos: "Siempre y cuando sea en igualdad de condiciones o con un acuerdo que implique una igualdad de condiciones y una equivalencia en cuanto a ayudas, mano de obra, muchas cosas que tenemos que meternos que sean realmente comparables".
Como ejemplo de estas asimetrías, Solís menciona el caso de Japón: "A principios de este año, dentro de sus incentivos, da 6.000 dólares más a los coches fabricados en Japón a la hora de comprar un coche eléctrico. Por lo tanto, y de hecho han subido las ventas creo que una barbaridad en el primer trimestre del año".