La transición energética en España enfrenta un obstáculo: la falta de seguridad jurídica que está paralizando inversiones millonarias en el sector eólico. Según los expertos consultados en el programa "Ondas del Viento", la judicialización masiva de proyectos renovables se ha convertido en una amenaza más grave que los tradicionales cambios regulatorios.
Hoy analizamos qué significa realmente la seguridad jurídica, y cuál es la situación en España, por qué es tan determinante para los inversores y qué señales buscan cuando deciden apostar —o no— por un país. Lo hacemos con Fernando Calancha, socio director de Hogan Lovells y con Cristina Pedrosa, abogada de Aristeia Abogados.
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Análisis con Fernando Calancha socio director de Hogan Lovells y Cristina Pedrosa abogada de Aristeia Abogados.
Fernando Calancha, socio director de Hogan Lovells, explica que "la seguridad jurídica es tener previsibilidad de qué es lo que va a suceder en el futuro". Sin embargo, el concepto ha evolucionado significativamente. "Hace unos años se identificaba con que el Gobierno no modificara la retribución establecida para este tipo de plantas. Actualmente, la eólica es una tecnología absolutamente adaptada al mercado que conoce cuáles son sus propios riesgos de producción. El verdadero problema ahora radica en la previsibilidad del desarrollo de proyectos. "Hay una sensación de vulnerabilidad muy importante de todos los productores de que cualquier circunstancia, reclamación o demanda, puede poner en peligro mucho tiempo y mucho dinero de inversión", advierte Calancha.
La judicialización como nueva amenaza
Cristina Pedrosa, abogada de Aristeia Abogados y asesora de la Asociación Eólica de Galicia, destaca que "no estamos ante riesgos de cambios regulatorios, pero sí estamos ante un riesgo derivado de procedimientos judiciales que arroja mayor incertidumbre a cualquier decisión por los tiempos que resultan de cualquier procedimiento judicial".
La experta subraya que "la judicialización de todas las autorizaciones y proyectos se vierte como una sombra oscura sobre cualquier proyecto y sobre cualquier decisión que haya de tomarse".
Uno de los aspectos más preocupantes identificados por los expertos es el nacimiento de asociaciones que se presentan como medioambientales pero cuyo objetivo real es paralizar proyectos. Calancha denuncia "cierto abuso del derecho de determinadas asociaciones que se pueden considerar medioambientales pero que verdaderamente no lo son y cuyo objetivo es única y exclusivamente paralizar proyectos, captar fondos de determinados vecinos y generar una oposición en cierto modo artificial".
El concepto europeo de “interés público superior”
La Unión Europea ha desarrollado el concepto de interés público superior para las energías renovables, pero su aplicación en España es deficiente. Calancha explica que este concepto surge "no solo como una medida de transición energética y favorable a la descarbonización, sino para dotar de independencia a Europa con relación a los combustibles fósiles".
El problema es que "este interés público superior que se ha creado para hacer prevalecer el desarrollo de los parques, incluso frente a algún interés medioambiental, se está ignorando por parte de las administraciones a la hora de aplicarlo". En contraste, países como Alemania han implementado exitosamente este principio y han logrado un desarrollo acelerado de su capacidad renovable.
Galicia: el caso más grave
Galicia se ha convertido en el ejemplo más extremo de esta problemática. Según Pedrosa, se está "paralizando la práctica totalidad de las autorizaciones concedidas" en la comunidad autónoma.
Los expertos señalan que una solución inmediata sería aplicar el sistema general de cauciones. "Nuestro ordenamiento ya permite que cualquiera que inste la paralización de una autorización administrativa concedida se exija una caución, una garantía", explica Pedrosa.
Impacto en la inversión
Las consecuencias de esta situación son evidentes en términos de inversión. "El escenario que tenemos hoy en día de numerosos pronunciamientos judiciales lleva a que cualquier decisión o valoración de una inversión inmediatamente se paralice", confirma Pedrosa.
El problema afecta no solo al sector eólico directamente, sino también a "mucha industria vinculada, porque la generación de energía eólica, además de ser un sector en sí mismo, está muy vinculada a cualquier desarrollo industrial".
La falta de seguridad jurídica en España está creando un círculo vicioso donde la incertidumbre legal paraliza las inversiones necesarias para la transición energética. Sin reformas urgentes que garanticen la aplicación efectiva del interés público superior y establezcan mecanismos de protección contra el abuso procesal, el país corre el riesgo de quedarse atrás en la carrera europea hacia la independencia energética y la descarbonización.