El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la polémica ´ley rider`. Gracias al acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, sale adelante una regulación pionera en Europa que ampara a más 20.000 repartidores en nuestro país. No obstante, la norma no está siendo bien acogida por todos los sectores.
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Desde el Gobierno, la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Congreso, que esta ley "va a cambiar el signo de los tiempos" y coloca a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia.
Este decreto alberga dos puntos que modifican el Estatuto de los Trabajadores. Por un lado, obliga a las empresas de reparto a domicilio, como Glovo o Uber Eats, a contratar a sus repartidores en un plazo de tres meses. Es decir, los repartidores dejan de ser autónomos y se convierten en asalariados.
Y por otro, regula, por primera vez, el derecho de los representantes de los trabajadores a recibir la información de los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones de trabajo, la contratación o el mantenimiento de empleo.
Las reacciones a la nueva ´ley rider` no han tardado en llegar. La CEOE, asociación que representa a las cuatro plataformas afectadas (Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart) ha lamentado la norma del Gobierno, que a su parecer ha sido diseñada “sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas, y, lo más sorprendente, a los propios repartidores”.
Protestas de los propios "riders"
De forma paralela, más de 4000 repartidores, pertenecientes a la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), han tomado una decena de ciudades para protestar contra la medida. Denuncian el riesgo de que las plataformas digitales reduzcan sus plantillas y “más de 15.000 repartidores se queden sin empleo".
Para los partidarios de que los repartidores se conviertan en asalariados, esta media es insuficiente. La UGT y la asociación "Riders x Derechos", que desde hace años luchan por cambiar la regulación vigente, admitían que "hay poco que celebrar".
De momento, esta relación laboral sólo afecta a las plataformas digitales de reparto a domicilio, pero la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, no ha descartado que se incluyera en más sectores, como podría ser los conductores de VTC, aunque esto requiera de un “debate más pausado”.
