Reconstrucción del comunismo, reconocimiento de la propiedad privada y matrimonio homosexual. Un aire de cambio llega a Cuba, pero es una apertura con muchos matices. El Partido Comunista seguirá siendo la fuerza superior en un sistema unipartidista donde la familia Castro tiene todavía mucho que decir y faltan espacios para los derechos fundamentales como la libertad de prensa, de asociación política o sindicación.

La Asamblea Nacional del Poder Popular ha dado luz verde a un texto que busca mostrar al mundo una cara más amable de un país asfixiado en lo social y también en lo económico. La idea de la nueva Carta Magna es construir un nuevo socialismo sostenible. El borrador actual, que se someterá a consulta popular, elimina la cláusula de la anterior Constitución sobre el objetivo final de construir “una sociedad comunista” y en su lugar pide centrarse en el socialismo de un país “soberano, independiente, próspero y sostenible”, en palabras del presidente de la Asamblea, Esteban Lazo.

Uno de los cambios más esperados, es el reconocimiento de la propiedad privada, algo legalmente estigmatizado por el Partido Comunista como un vestigio indeseado del capitalismo. Sin embargo, solo se incluye la propiedad estatal y cooperativa, que incluye a los agricultores, la propiedad personal y las empresas conjuntas.

La propuesta otorga un mayor reconocimiento legal a las microempresas que han aumentado en el país tras las últimas reformas de mercado de Raúl Castro para impulsar la débil actividad.

En lo político, el texto pretende fortalecer las instituciones políticas y crear una estructura de liderazgo más colectiva, pero Castro se mantendrá como jefe del Partido hasta 2021 y es quien lidera la comisión encargada de reformar la Constitución. Se crea el cargo de primer ministro y se designa al presidente de la Asamblea como jefe del Consejo de Estado, máximo órgano ejecutivo del país.

El borrador también establece límites en edad y tiempo para el cargo de los presidentes. Deberán ser menores de 60 años cuando asuman el mandato por primera vez y no pueden ejercerlo durante más de dos periodos de cinco años sucesivos.

Recortar importaciones, racionalizar el gasto y la energía


Todo ello en un contexto económico que se hace cada vez más cuesta arriba. El presidente, Miguel Díaz-Canel, reconoce que la economía cubana ha crecido menos de lo esperado en la primera mitad de 2018, un 1,1% frente al 2% previsto para el conjunto del año y el 1,6% de 2017.

Le ha pasado factura el desplome de los precios del petróleo desde 2014 y la situación en Venezuela, su aliado más cercano y principal socio económico y proveedor de combustible. Los suministros de crudo e ingresos de divisas han caído y han obligado al Gobierno a recortar las importaciones y el uso de energía en un país donde los apagones ya estaban a la orden del día por la debilidad de las infraestructuras.

El Ejecutivo caribeño reconoce que necesita hasta un 7% de crecimiento anual para recuperarse completamente y desarrollarse. Por el momento, el desplome de los ingresos ha llevado a Cuba a posponer pagos a proveedores y empresas y la petición de Díaz-Canel pasa porque el país “trabaje más duro para mejorar la economía y restablecer gradualmente la credibilidad financiera de la nación”. Al mismo tiempo, Cuba enfrenta el descenso del turismo y el mal tiempo, lo que podría derivar en “medidas adicionales para controlar los recursos en la segunda mitad del año”.

El presidente cubano pide tomar medidas enérgicas contra la actividad del mercado negro -al que la ciudadanía acude constantemente en busca de productos de primera necesidad- y racionalizar las importaciones y otros gastos que supongan salida de divisas. Reconoce que necesitan 2.500 millones de dólares al año en inversión extranjera directa al no disponer ya del petróleo barato venezolano. Una inversión extranjera que ahora se considera un bien a buscar y mantener en una economía no desarrollada y extremadamente dependiente del exterior.