Los enganches ilegales, en contra de lo que se podría pensar, no lo realizan las familias de bajos ingresos. El 96% del fraude, de la manipulación de los datos de consumo, de los enganches ilegales lo realizan empresas y particulares con un elevado nivel de consumo, según datos que ofrece Endesa.

Este este fraude, por supuesto, tiene un coste y genera un sobreprecio en el recibo. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ese fraude supuso un encarecimiento de 150 millones de euros en la factura eléctrica total pagada por los consumidores españoles en 2015. Fuentes del sector apuntan a Capital Raido que esa cifra podría incluso ser más elevada y rondar un botín de 200 millones de euros, que acaban pagando el resto de los consumidores.



Para que nos hagamos una idea más gráfica, más visual, ese fraude equivaldría al consumo anual de una ciudad como Sevilla y toda su área metropolitana.

Lo que está claro es que los defraudadores quieren abaratar su factura eléctrica a costa de los demás consumidores. Como ocurre en el fraude fiscal, al final se traduce en que otros pagan más.

Además supone también un problema para la seguridad y para la salud de las personas que conviven o que están cerca de las instalaciones manipuladas.

Quizá el caso más mediático ha sido el que ha protagonizado a principios de este mes de septiembre el grupo de hoteles Savoy, en LLoret de Mar que habían pinchado a la red eléctrica sus cuatro hoteles.

 

Y una cosa más. La autoridades y las compañías eléctricas también han detectado cómo cada vez ese fraude eléctrico es más sofisticado y cada vez haya más “profesionalidad”, de esas conexiones ilegales e incluso puede hablarse de “fraudes organizados”.