La Comisión del Pacto de Toledo ha cerrado un acuerdo mayoritario para que las pensiones vuelvan a estar indexadas a la inflación, después de siete años en los que el coste de la vida no se ha tenido en cuenta para revalorizar las pensiones.

El acuerdo sobre uno de los temas electoralmente más sensibles en un país de 9 millones de pensionistas se ha alcanzado con el consenso de todos los grupos representados en la Cámara salvo el catalán ERC y requerirá una modificación legislativa que lo refrende y que corresponderá a una iniciativa del Gobierno.

PSOE, PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, PDeCAT y Compromís si han estado de acuerdo en subir las pensiones en base al IPC "real", aunque el acuerdo deja claro que el vigente índice de revalorización ligado al 0,25% cuando el sistema de la Seguridad Social está en déficit "no goza de suficiente consenso político y social".

Los sindicatos UGT y CCOO celebran el acuerdo alcanzado por el Pacto de Toledo para que las pensiones vuelvan a revalorizarse con el IPC. Ahora ambos esperan a que se concrete en la próxima reunión y que se plasme en una ley publicada en el BOE.

Por otro lado, la Comisión no excluye la utilización de otros indicadores para determinar la subida de las prestaciones por jubilación.

Durante 2018, la pérdida de poder adquisitivo ha sacado a la calle a miles de pensionistas en España que exigían volver al sistema anterior en el que se ligaba la subida de la inflación a la de las pensiones tras ver crecer su asignación solo un 0,25 por ciento desde que la actualización se desvinculase de los precios.

Con una nómina mensual que roza los 9.000 millones de euros, la Seguridad Social cerró 2017 con un déficit de 18.800 millones de euros y un descenso imparable del fondo de reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones.

Las protestas de los jubilados llevaron al Partido Popular a pactar excepcionalmente con PNV -partido nacionalista vasco- una subida del 1,6 por ciento para los presupuestos de 2018.

Sin embargo, la previsión de que los precios suban más que ese 1,6 por ciento -el Banco de España baraja un 1,8 por ciento para 2018- y la posibilidad de que también las tasas de inflación sean también altas en 2019 no conformó a los pensionistas, que han reanudado sus protestas.