6.000 accionistas del
Popular, representados por los bufetes
Cremades&Calvo-Sotelo y
Rúa Abogados, han recurrido ante los tribunales de justicia de la UE la operación impulsada por la Junta Única de Resolución (JUR).
El bufete Cremades y Asociados no solo ha solicitado que el tribunal europeo declare nulo el procedimiento, ya que considera que
dar marcha atrás es inviable, sino solicita una
compensación por daños de 1,85 euros por acción y otra compensación equivalente al valor neto de
0,69 euros de los activos del Banco Popular del siete de junio, día en el que se presentó la resolución de la entidad financiera.
Esa fecha coincide con las declaraciones de
Elke König, donde admitía que “estaba mirando el caso Popular”, lo que
provocó la caída en Bolsa de la entidad y desencadenó que los clientes de la entidad
retiraran masivamente sus depósitos. Este factor fue determinante dado que parte de las
Administraciones Públicas españolas retiraron parte de sus depósitos y el
Banco de España se negó a conceder liquidez de emergencia.
Las
filtraciones de la presidenta de la JUR han hecho que el
despacho pida que sean interrogados en calidad de testigos las más altas autoridades: la propia
Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución;
Danièle Nouy, presidenta del Mecanismo Único de Supervisión;
Jaime Ponce, presidente del Frob;
Luis de Guindos, ministro de Economía;
Luis María Linde, gobernador del Banco de España;
Javier Alonso, subgobernador; y la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros.
