Una es "peligrosa" para el mercado español. La otra tiene un cabo suelto que la hace "difícil" de aplicar. Aun así, el Gobierno español está dispuesto a ir por libre y aprobar la tasa Tobin y la tasa Google por su cuenta este martes sin esperar al consenso en la OCDE. ¿Qué entresijos esconden estos dos impuestos?

Lo hemos analizado con José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha; y con Domingo García Coto, director de servicios de estudios en BME.

Escucha el análisis en el siguiente podcast.

Un peligro y un cabo suelto: lo que no te cuentan sobre la tasa Google y Tobin

Las consecuencias de Tobin en España serán peores que en Francia

El Gobierno español está a punto de unirse al club de los 'Tobin' en Europa, los países que también han aplicado una tasa a las transacciones financieras. Lo hará este martes, cuando el Consejo de Ministros apruebe la mal llamada tasa Tobin.

Para Domingo García Coto, el impuesto "pone en peligro al mercado español". El experto recuerda que en Francia, donde la tasa Tobin lleva en vigor desde hace ocho años, la medida "no ha conseguido ninguno de los objetivos para los que fue impulsada".

Esta fue la principal conclusión del Tribunal de Cuentas francés, que en 2018 aseguró que la tasa Tobin había reducido en un 10% el volumen de negociación de la bolsa francesa.

Las cifras del organismo muestran las consecuencias negativas que ha tenido Tobin en Francia, pero según García Coto el caso español podría ser peor.

Para el experto hay una característica del mercado español que no se da en Francia: el elevado peso de los accionistas extranjeros en nuestro capital. "Hoy en día los inversores extranjeros son propietarios del 48% de las acciones de empresas cotizadas españolas", explica.

Por eso, cree que la tasa Tobin, que gravará con un 0,2% la compra de títulos de empresas que superen los 1.000 millones de euros en capitalización, "va a hacer menos atractivas las acciones de las principales empresas españolas" para los inversores extranjeros.

"No se ha evaluado correctamente el riesgo de distorsiones en un país que tiene una exposición internacional mucho mayor que Francia e Italia", insiste.

El cabo suelto en la tasa Google

La tasa Google es un viejo amigo para el Gobierno de Sánchez. El Consejo de Ministros ya la aprobó hace un año y Mollinedo espera que "se mantengan las características esenciales". Sin embargo, hay un desafío añadido en cuanto a la aplicación de esta tasa: ¿cómo va a poder verificar el Gobierno si las empresas dicen la verdad respecto a la base imponible del impuesto?

Lo que plantea el Ejecutivo de Sánchez es una tasa que grave con un 3% a la facturación de empresas tecnológicas si esta pasa los 750 millones de euros en ingresos en todo el mundo y los 3 millones en España. Pero para Mollinedo hay una cuestión difícil de verificar.

Una parte del negocio de las empresas tecnológicas está en la venta de datos de los usuarios a terceros a cambio de un precio. "No sabemos cómo una administración tributaria va a poder comprobar el valor de esa cesión de datos si todavía no se ha atado en la OCDE el nexo para vincular a una empresa que no es residente en España para someterla a esa parte de la tributación".