La Audiencia de Barcelona atribuye a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) la responsabilidad civil por financiación ilegal a través del Palau de la Música. La primera resolución judicial del caso Palau condena al partido a la devolución de 6,6 millones de euros, fijando el expolio del Palau en los 23 millones. La menor de las tres condenas a miembros del partido ha sido para el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, de cuatro años y cinco meses. Una pena que podría verse rebajada tras el recurso que el representante de CDC ya ha anunciado que presentará ante el Tribunal Supremo. Así lo cree Juan Carlos Galindo, presidente de ASEBLAC y de la Asociación Transparencia.



La sentencia llega casi 9 años después del registro del Palau realizado por los Mossos d'Esquadra, lo que demuestra la lentitud con la que se han juzgado los casos de corrupción en España, según Juan Carlos Galindo. A pesar de ello, opina que la justicia es cada vez más abierta ante estos casos y olvida los intereses: "el que lo hace lo paga en este país, pero es un problema que tardemos tanto". Para agilizar el proceso serían necesarios cambios legales que los partidos políticos no proponen de momento.

Debido a esta lentitud, la Audiencia pide 6,6 millones de euros a un partido político que ya no existe. PDeCAT argumenta que es una formación nueva para rehuir la responsabilidad civil de Convergència. El fallo establece que el "acuerdo criminal" entre Ferrovial y CDC a cambio de obras públicas ascendía "como mínimo" a esta cantidad. Juan Carlos Galindo recuerda los casos de corrupción que afectan al Partido Popular, especialmente en Valencia y al Partido Socialista con los ERE. "Al nuevo presidente del PP de Valencia le espera más de año y medio de locura judicial".