La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta este viernes el nuevo modelo de financiación autonómica, tras la escenificación de un acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras que otorga a Cataluña 4.900 millones de euros adicionales. Este movimiento genera dudas sobre su legalidad y viabilidad entre los expertos.
Javier Martín Fernández, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, es tajante al respecto.
El catedrático Javier Martín Fernández analiza el nuevo modelo de financiación autonómica y cuestiona el acuerdo entre el Gobierno y Cataluña.
"En materia de financiación autonómica no cabe la bilateralidad. Si hay bilateralidad, exclusivamente puede darse en las relaciones con las haciendas forales, con el País Vasco y con Navarra, porque esa previsión está en la Constitución"
El experto tributario recuerda que cualquier modificación en la financiación autonómica debe pasar por las Cortes y aprobarse por mayoría absoluta. Por ello, califica lo sucedido como "una escenificación política más y ya está", cuestionando la viabilidad real del acuerdo presentado.
La única novedad técnica conocida hasta el momento es la incorporación del llamado "principio de ordinalidad", un concepto de origen alemán que modula la solidaridad entre territorios. Martín Fernández explica cómo funciona: "Una comunidad autónoma tiene una posición en función de lo que aporta al Estado. La ordinalidad dice que si usted aporta más que otras y tiene el primero, segundo o tercer puesto, debe mantener ese puesto".
Este principio permite que comunidades como Cataluña, que ocupa el tercer puesto en aportación al sistema, mantengan su posición relativa, aunque las diferencias con otras comunidades se reduzcan mediante mecanismos de nivelación.
El catedrático aclara que la ordinalidad no elimina la solidaridad, sino que la modula: "La solidaridad es el principio básico de la financiación autonómica. El principio de ordinalidad es una especie de límite o modulación a lo que es el principio de solidaridad".
Citando al Tribunal Constitucional, Martín Fernández señala que "la aplicación del sistema de financiación no puede perjudicar a las más prósperas, más allá de lo razonablemente necesario para el fin de la promoción de las menos favorecidas". Esto implica que el nuevo modelo requerirá una mayor aportación de recursos estatales.
"El papá Estado tendrá que repartir más dinero a las comunidades, y es lo que se espera que diga hoy la vicepresidenta primera"
La necesidad urgente de renovación del modelo
El actual sistema de financiación autonómica lleva 13 años sin actualizarse, generando quejas constantes por parte de muchas comunidades. El experto reconoce la complejidad del asunto pero considera que "después de esos 13 años se conoce perfectamente cuáles son los mimbres que tenemos para diseñar un nuevo modelo y no es tan sumamente complicado".
La clave está en que las comunidades autónomas gestionan servicios esenciales como educación, sanidad y justicia, pilares del Estado de bienestar.
La presentación del nuevo modelo de financiación autonómica se produce en un contexto de alta tensión política, donde los aspectos técnicos parecen quedar subordinados a los acuerdos políticos. Mientras tanto, la sociedad española sigue esperando una solución a un sistema que, como coinciden todos los expertos, está completamente obsoleto.
