En un acontecimiento sin precedentes en el ámbito de la Seguridad Social española, un jubilado de Asturias ha obtenido un fallo judicial favorable que marca un hito en la lucha contra la discriminación por género y en la interpretación de la ley de pensiones.

La resolución, dictada por el Juzgado Social n.º 1 de Gijón, ha culminado en la adjudicación de un complemento de maternidad en la pensión de jubilación del demandante, que se traduce en un beneficio económico total superior a los 20.700 euros. Esta suma engloba tanto la retroactividad del complemento desde el 31 de diciembre de 2016 (fecha desde la cual se reconoce el derecho) como una indemnización por discriminación ascendente a 1.800 euros, en línea con los criterios establecidos por el Tribunal Supremo.

El caso surge ante la negativa inicial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a conceder el complemento solicitado, basándose en criterios que el demandante y sus abogados consideraron discriminatorios. La clave de la disputa radicaba en el acceso equitativo al mencionado complemento de maternidad, tradicionalmente otorgado a mujeres, pero que, bajo la nueva interpretación jurídica, se extiende a los hombres que cumplen con requisitos similares, en este caso, ser padre de dos hijos y haber accedido a la pensión de jubilación.

La sentencia no solo reconoce el derecho al complemento y ordena su pago retroactivo, sino que también marca un precedente al abordar la discriminación por género desde una perspectiva jurídica actualizada, reflejando recientes doctrinas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El juez argumenta que no existen fundamentos para tratar de manera diferente a hombres y mujeres que se encuentran en situaciones comparables respecto al complemento de maternidad, promoviendo así la igualdad y no discriminación por razón de sexo.

La decisión del Juzgado Social n.º 1 de Gijón, que ha marcado un hito a favor del demandante, subraya no solo la importancia de la justicia en la protección de los derechos sociales y la promoción de la igualdad de género en España, sino también el papel crucial de contar con un abogado especialista en estos temas. Esta sentencia sienta un precedente fundamental para futuras reclamaciones, abriendo la puerta a que otros pensionistas en circunstancias similares busquen reparación.

La intervención de un abogado especializado en seguridad social ha sido clave para navegar con éxito por las complejidades legales y administrativas, asegurando que las prácticas se alineen con los principios de igualdad y no discriminación. La experticia y la orientación de estos profesionales no solo potencian las posibilidades de éxito en tales reclamaciones sino que también enfatizan la necesidad de una representación legal informada y dedicada para enfrentar y corregir injusticias en el sistema.