El Gobierno catalán pagó cientos de miles de euros por informes que podían consultarse gratuitamente a través de internet.

El 18 de julio de 2017, el delegado de la Generalitat en Ginebra, Manuel Manonelles, informó acerca de la necesidad de contratar los servicios de asesoramiento de The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), una entidad con sede en Holanda. Esta misma entidad llevó a cabo otro contrato similar pagado por la ‘embajada’ catalana en Bruselas. En total, 339.465 euros por informes completamente gratuitos.

El objetivo de asesoramiento en Ginebra era, en teoría, hacer frente a los retos globales, de paz y de la seguridad basándose en las necesidades expuestas en el Plan Estratégico de Acción Exterior 2015-2018. El 25 de julio, se da luz verde al contrato por un coste que asciende a los 172.400 euros y que se tramitó a través de la embajada catalana en Ginebra.

El primer pago, de 61.750 euros, se efectuó el 4 de septiembre del 2017; el segundo, de 58.550 euros, el 2 de octubre (al día siguiente del referéndum); y el tercero, de 52.100 euros, el 2 de noviembre de ese año, según consta en un contrato firmado por Paul Sinning, director de HCSS.

Informes ajenos y gratuitos

Junto al contrato, la Guardia Civil encontró tres informes y dos transferencias a la cuenta de HCSS por 61.750 euros cada una. Según el Tribunal de Cuentas, uno de los informes se titulaba “Diplometrics” y fue realizado por “diversos autores, sin intervención conocida de HCSS, de obtención gratuita en internet y en el que se indica estar financiado por el Gobierno de los Estados Unidos”. Otro documento había sido financiado por el Gobierno de Dinamarca y otro estudio agradecía “el apoyo financiero brindado por el ministerio holandés de defensa”. Además, el tribunal asegura que estos informes “no hacían ninguna referencia específica a Cataluña y que, en su mayor parte, son de libre acceso por internet”. Es decir, que eran gratis, financiados por otros gobiernos y que no tenían nada que ver con Cataluña.

A la misma vez, el delegado de la Generalitat ante la UE, Amadeu Altafaj, abrió otro expediente para hacer un contrato similar al de Ginebra con HCSS por un total de 167.065 euros y con el objetivo de desarrollar “una estrategia de acción exterior en el entorno de la UE”.

¿No se controlaban estas cuentas?

El Tribunal de Cuentas asegura también que no existe ningún documento que justifique el trabajo por el que se contrató a la empresa que se adecuase a los objetivos previstos en el contrato, y que ni tan siquiera existen los informes a los que se ha hecho referencia en la delegación de Ginebra.

Los contratos se deberían haber licitado por los servicios centrales de la Consejería de Exteriores. Pero, según el Tribunal de Cuentas, el govern decidió trocear los contratos y desviar uno por Suiza para evitar los controles administrativos y legales.

Además, una fuente independentista ha señalado que es normal la contratación de "lobbies" internacionales para realizar campañas en el exterior. De hecho admite que “muchas veces, el informe que te puedan confeccionar es lo de menos y que lo verdaderamente importante son las puertas que te pueden abrir esas organizaciones”.

Otros gastos

Carles Puigdemont cargó a la consejería de Presidencia 13.711,85 euros en el segundo semestre de 2018. Según consta en la Memoria de actividades 2018, el Govern pagó gastos que incluían 24 viajes supuestamente institucionales y conferencias por Europa, una oficina en Barcelona que no ha vuelto a pisar tras la suspensión autonómica en octubre de 2017, costes de desplazamiento y alojamiento por un total de más de 11 mil euros y, además, a los 13.711,85 euros hay que sumar los salarios de las personas adscritas a la oficina, el mantenimiento de la misma, el coche y el chófer, y los "servicios de seguridad", que no se detallan en la memoria.