Tres autopistas no tendrán peaje alguno para los conductores a partir del 30 de noviembre de este año. Esto será posible gracias a una medida impulsada por el Ministerio de Fomento.

Germá Bel Guerolt, profesor del departamento político económico de la Universidad de Barcelona analiza la decisión del Gobierno de eliminar los peajes de las autopistas cuando finalice su concesión.

El ministerio verificará el plan para sacar a concurso las 9 autopistas de peaje quebradas  y rescatadas por el Estado cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año.


En virtud del rescate, el Estado tendrá que pagar a las actuales concesionarias el importe que invirtieron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje.

La factura que el Gobierno pagará se estima en unos 2.000 millones de euros, pero los acreedores de las vías elevan hasta 4.500 millones esa cantidad. Fomento espera aminorar esta suma con lo que saque de relicitar las vías.

"El Gobierno debería explicar cómo va a afrontar esos gastos, si con el recurso de presupuesto como se hace con las autopistas libres o a través de algún mecanismo de pago", indica Germá Bel Querolt

Los ingresos previstos por la licitación son 700 millones  de euros y la responsabilidad patrimonial del Estado estaría entre los 2.000 y 2.600 frente a los 1.000 millones que el Ejecutivo esperaba obtener y los 1.800 que prevenía abonar.

Unos 16.000 conductores al día que frecuenten por el tramo de la AP-1, (Burgos - Armiñón), la AP-7 (Alicante -Tarragona) y la AP4 ( Sevilla - Cádiz) se verán beneficiados tras esta medida. Estas vías serán liberalizadas concediendo 468 kilómetros de carretera. En el 2021 esta medida afectará al tramo que une Zaragoza con el Mediterráneo en la AP-2 y para la conexión entre (Tarragona-La Jonquera) y (Montmeló con Paipol), ambas pertenecientes a la AP-7. "La decisión nueva es si se mantiene el peaje o no y si lo gestiona un ente público o no", señala Bel.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anuncia que se hará una revisión ajustada de estos  planes con el objetivo de conocer las cifras y su afectación al déficit. El coste para el Estado en cuanto a la conservación y el mantenimiento de las concesiones que vencen este año y el próximo rondaría unos 27 millones de euros al año.