La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, ha presentado este miércoles el SPENDING REVIEW, un tercer estudio del proceso de revisión de gasto que ha realizado en España por primera vez un organismo independiente basándose en datos empíricos y en experiencias exitosas a nivel nacional e internacional. Este estudio en concreto se ha centrado en el gasto público que hace el gobierno en Políticas Activas de Empleo, PAE, ámbito en el que AIREF ha asegurado que queda mucho por mejorar en organización y eficacia.

Según los cálculos de este estudio, el gobierno dedicó en 2017 entre 6100 y 6500 millones de euros a estas políticas activas de empleo, un gasto similar al de otros países europeos si ese mide en porcentaje sobre el PIB, pero inferior en porcentaje sobre el número de desempleados. De esta cantidad, AIREF indica que el 40% se destina a incentivos de contratación, un 25% a formación, un 15% a orientación y el resto, un 20%, a otros recursos como el apoyo al emprendimiento.

Para llevar a cabo un buen análisis y una visión global de esta inversión, se ha revisado el diseño de los programas, los flujos financieros, su eficacia, la estructura de las oficinas públicas de empleo y se ha comparado con otros programas internacionales con éxito.

Aunque han tenido acceso a diferentes fuentes de datos (como el Servicio Público de Empleo o la Tesorería General de la Seguridad Social), no han sido suficientes para el estudio completo, por lo que la evaluación se ha reducido y se ha centrado, en parte, en el programa estatal de recualificación profesional (PREPARA), que se trata de un programa, que ya no está en vigor, destinado a la reinserción laboral de los parados de larga duración.

Tras la evaluación, AIREF ha localizado varias deficiencias que ponen en cuestión la calidad del gasto en estas políticas activas de empleo y ve necesario identificar qué programas, servicios o itinerarios son más eficaces para una correcta asignación de los recursos públicos, porque este reparto no está bien definido.

En este caso concreto, en el caso del programa PREPARA, destaca que no ha habido mejora en la salida al mercado laboral de sus participantes, sobre todo durante los seis meses que dura la prestación, cuando es realmente el objetivo de gastar el dinero en estas medidas. Sin embargo, este programa sí ha tenido un impacto positivo en Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Esto lleva a pensar si realmente es justo hacer un estudio completo en todo el territorio español, cuando no es lo mismo Aragón que la Comunidad de Madrid, ni en la oferta ni en la demanda de empleo, ni en las condiciones que influyen y afectan a la hora de necesitar y acceder a un empleo u otro. No es lo mismo el tipo de empleos que se ofrecen en Aragón y a los que posiblemente accedan cierto perfil de personas, que todos y cada uno de los empleos que emergen en la capital y que probablemente puedan cubrir un mayor rango de personalidades.

Viendo la mala gestión en general de estos recursos, AIREF incluye propuestas dentro de este estudio como implementar herramientas de perfilado e itinerarios adecuados que detecten las necesidades de los demandantes según sus condiciones, es decir, programas adaptados a las necesidades de los parados en lugar de generalizados y, por tanto, menos eficaces.

Otra de las propuestas es incorporar la evaluación como práctica habitual, es decir, tener un control continuo sobre la evolución y el desarrollo de estos programas y de los gastos con el objetivo de que aumente la eficacia de estas políticas de activación de empleo para mejorar la empleabilidad de los parados. AIREF también pide incentivos para los trabajadores de las oficinas públicas de empleo para que logren buenos resultados y que se incorporen especialistas dedicados a captar ofertas de empresas, como hace la Comunidad Valenciana.

Y una última propuesta de mejora, basándose en las prácticas internacionales exitosas de las que hablábamos antes, es diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales, ya que en España están limitados. AIREF sugiere en su estudio, además, que se incorpore al Sistema Nacional de Empleo un mejor acceso a los datos, de mejor calidad y adecuar la arquitectura tecnológica.