Tras la presentación por parte de la Fiscalía General del Estado, de dos querellas contra los responsables de la declaración unilateral de independencia en el Parlament, queda abierto el debate sobre si sus actuaciones deben ser calificadas de rebelión, delito con penas de hasta 30 años de cárcel.
Sobre ello se ha pronunciado el abogado Cándido Conde Pumpido en Capital Radio, asegurando que se ha considerado un delito "contra el común de todos los españoles", y por ello se entiende competente a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo y no ya al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
La razón de que se presenten dos querellas por separado, está en las diferentes situaciones legales en las que se encuentran los promotores del proceso independentista. Ahora, y tras su cese debido a la puesta en marcha del artículo 155, Puigdemont y los miembros de su Gobierno han perdido la condición de aforados mientras que los miembros de la Mesa la mantienen.
Conde asegura que la interpretación que se ha hecho de la violencia que debe acompañar al delito de rebelión se ha hecho "de forma amplia", entendiendo que la amenaza y la coacción también suponen en este caso una forma de violencia. Debido a ello, y como el delito de sedición se entiende igual pero sin violencia, la acusación de la Fiscalía ha incluído ambos. En lo referido a la fianza que se les ha impuesto a los acusados de 6 millones de euros, el abogado afirma que su objetivo es afianzar las responsabilidades civiles y no para evitar la prisión como puede entenderse.
Conde Pumpido ha confirmado que la presencia en Bruselas del ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría suponer que eluda la acción de la justicia. Precísamente por eso, asegura que la única forma de evitarlo sería la prisión preventiva o la retirada del pasaporte para impedirle salir del país.
En cualquier caso, las medidas cautelares deberían ser solicitadas por las acusaciones, en este caso el Ministerio Fiscal, acción que según el abogado, es muy probable que se lleve a cabo. Finaliza manifestando que según su posición, la interpretación de violencia de la Fiscalía "no tiene mucho sentido".
