El Gobierno de Rajoy ocultó el 59% de incidencias en contratos públicos

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26/08/2019 16:47

El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe en el que asegura que los ministerios de Economía del Gobierno de Mariano Rajoy no le informaron del 59% de las incidencias producidas en los contratos públicos que estos departamentos habían adjudicado y que este organismo había seleccionado para evaluar su ejecución entre 2014 y 2016.

El Tribunal critica a todos los departamentos de esta área por cumplir “de manera deficiente su obligación de comunicar de oficio” estas incidencias, no solo en cuanto a los tres meses establecidos para ello, sino también por omitir gran parte de las mismas. Concretamente, el 59% de las incidencias no se comunicó durante su ejecución, incumpliendo así su obligación establecida en la normativa y en las propias instrucciones del Tribunal.

En el informe abarca 316 expedientes de incidencias producidas durante la ejecución de 67 contratos seleccionados de un total de 907,2 millones de euros en los diferentes ministerios como el de Economía y Competitividad, Fomento y Hacienda y Administraciones Públicas, así como de los organismos dependientes de los mismos.

El organismo, presidido por María José de la Fuente, pidió más datos de todas las incidencias en estos contratos, pero en la respuesta se incluyeron casos anteriormente no comunicados y se omitió información de los que sí se habían comunicado.

Además, el Tribunal de Cuentas señala que existen desviaciones temporales sin una adecuada justificación, paralizaciones en la ejecución de trabajos sin que antes se hubieran tramitado expedientes de suspensión y que en hasta diez expedientes el retraso superó en sí el tiempo que ya se había dado para ejecutar el proyecto.

La institución también advierte de la falta de justificación de "la mayoría" de modificaciones de los contratos, sin que aparezca constancia de que se exigieran por parte de la Administración las correspondientes responsabilidades a los autores o supervisores.

Entre las modificaciones, existen expedientes con aumentos de precio por importe acumulado superior al 10% del original, algo que sobrepasa el importe máximo de las leyes que regulan la contratación pública.

El Tribunal lamenta que todas las deficiencias registradas en la ejecución "han ocasionado alteraciones sustantivas en cuanto al ritmo de ejecución, al coste final o a la rentabilidad social" y, además, ninguna paralización o demora en la ejecución de los contratos examinados se castigó con las penas o sanciones establecidas en las leyes reguladoras de la contratación pública.

En sus recomendaciones, la institución asegura que "deberían exigirse las correspondientes responsabilidades o imponerse las penalidades o sanciones establecidas" y plantea la necesidad de que los órganos de contratación realicen "un seguimiento riguroso de la ejecución de los contratos", con el fin de asegurar que este se ajusta a lo incluido en los pliegos.

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