El Estado rescata las autopistas para privatizarlas de nuevo

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28/07/2017 14:23

El Consejo de Ministros aprueba el convenio que permitirá a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres, empresa de titularidad pública, hacerse con la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra desde que reviertan al Estado hasta su licitación para que vuelvan a manos privadas en el último cuatrimestre de 2018.


El Ministerio de Fomento ha explicado que esta sociedad asumirá el 100% de las obligaciones de conservación, explotación y licitación de las autopistas, que se liquidarán en ocho concesiones distintas que saldrán a concurso en uno o dos bloques. 


El Ministerio estima que las autopistas reviertan a dicho sociedad en el primer cuatrimestre de 2018, para que la licitación se complete en el segundo cuatrimestre de ese año y que la adjudicación se produzca en el tercero, momento a partir del cual el nuevo concesionario podrá empezar a explotar la autopista.


El fracaso de estas carreteras se debe a "una situación de mercado cambiante y a cambios con respecto a la planificación que han afectado al tráfico, como la construcción de carreteras sin peaje, así como a la crisis económica" según Rosa Vidal, socia directora de Roseta abogados y representante de Foro de Infraestructuras.



La administración deberá pagar una "cláusula de responsabilidad" a las empresas concesionarias, es decir, una "indemnización por daños y prejuicios". Se trata de una cláusula "adecuada" para Rosa Vidal ya que "no es algo excepcional para estas radiales y forma parte del modelo concesional". Según este modelo, la administración no paga por la obra y le cede su explotación durante un período de tiempo a la empresa constructora para que compense los gastos de construcción.


Si la administración expropia la obra antes de que se cumpla ese período, privaría a la empresa concesionaria de un beneficio económico, de ahí que la cláusula sea justa. El problema para Vidal es que "el modelo concesional no es el adecuado para algunas infraestructuras en las que se ha utilizado".


El Estado planea volver a privatizar las autopistas después de su saneamiento, un rescate que costará unos 6.000 millones de euros. Para Vidal "la administración debe maximizar las infraestructuras que tiene y que le cuesten lo menos posible" aunque "todo depende del contrato que saquen después". Explica también que, en principio, no habría ninguna traba para que las empresas concesionarias fueran las mismas que en la actualidad, pero que la futura licitación "debe ser equilibrada económicamente" y que "cualquier contrato que salga posteriormente tendría que tener el visto bueno del Ministerio de Hacienda".

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