El adelanto electoral que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le abrió al Ejecutivo la posibilidad de sacar adelante los dos decretos de vivienda que el Congreso rechazó la semana pasada con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Y es que como el Parlamento ya está disuelto, los decretos no van a tener que pasar por la Cámara Baja, sino que irán a la Diputación Permanente donde el Gobierno y sus socios tienen mayoría. Este organismo cuenta con 68 diputados más la presidenta del Congreso, Francina Armengol; 27 son del PP, 25 del PSOE, 6 de Vox, otros 6 de Sumar y 1 de Esquerra, PNV, Junts, Bildu y el Grupo Mixto –que corresponde a Podemos-. De esta forma, la suma de la izquierda y el PNV superaría a la de PP, Vox y Junts.

¿Qué es lo que ha aprobado el Consejo de Ministros?

El Gobierno ha dado luz verde a los dos Reales Decretos-ley aunque con algunas modificaciones. En total, son 21 medidas dirigidas a facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra. Incluye desgravaciones en la declaración de la renta, incentivos fiscales a los propietarios que alquilen a precios asequibles y una línea de financiación de 10.000 millones de euros de préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para la adquisición de la primera vivienda.

La mayoría son medidas que ya se conocían de los decretos anteriores como la prórroga de hasta dos años de los contratos de alquiler vigentes hasta finales de 2028, la prohibición de los desahucios a las personas vulnerables o la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones. También se limita la adquisición de vivienda por parte de los fondos buitre hasta 2030 –sube dos años respecto al decreto anterior- y la reorientación de los beneficios fiscales de las socimis.

Otra novedad es que la administración no solo va a cubrir el alquiler de las familias vulnerables sobre las que pesa un proceso de desahucio, sino que cubrirá también los costes del juicio para que los pequeños propietarios no se vean perjudicados por la paralización de los lanzamientos. Además, el Gobierno se ha comprometido a destinar 400 millones de euros para financiar a los proveedores de vivienda social.

El decreto recupera también la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, un nuevo producto de ahorro a largo plazo que va a estar abierto a todos los contribuyentes por IRPF. El objetivo es canalizar el ahorro de los hogares hacia la financiación de las empresas y la economía productiva europea.

Como el apoyo de Junts no es imprescindible, la aprobación de los decretos queda en manos del PNV. El partido nacionalista, aunque no está nada de acuerdo con las formas, está dispuesto a votar sí al primero de los dos decretos. No obstante, ha solicitado al Gobierno “aclaraciones” para corregir lo que han calificado como algunas “chapuzas jurídicas” con el objetivo de proteger los derechos de los pequeños propietarios.