Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, ha decidido asumir la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont, los exconsellers del Govern y los líderes de ANC y Òmnium por los delitos de rebelión, sedición y malversación que la Fiscalía les achaca durante el proceso independentista. El juez considera que existe una conexión material "inescindible de la naturaleza de los hechos" entre las causas que justifica la necesidad de acumularlas en el mismo proceso judicial, en un mismo tribunal.

El Tribunal Supremo ha tomado una decisión contraria a la petición de la Fiscalía. La Audiencia Nacional dejará la investigación sobre los políticos del Govern excepto los casos por sedición contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero y la jefa de los mossos, Teresa Laplana. También seguirá siendo responsable de la investigación a miembros del Govern que puedan ser investigados en el futuro, de categoría inferior a la de conseller.

La unificación del procedimiento tiene una "finalidad funcional". Se espera facilitar la tramitación y evitar posibles problemas por el enjuiciamiento de causas tan similares en distintos organismos. Concretamente se refiere al delito de rebelión, que tiene una pluralidad de partícipes. Sin embargo, diferencia entre el caso de los miembros del Govern y de los presidentes de ANC y Ómnium y considera que solo si actuaron juntos tendría cabida la posibilidad de un delito de rebelión.