El gobierno de Andalucía ha firmado este jueves un acuerdo presupuestario en el que, entre otras cosas, incluye la propuesta de Vox para ayudar a acabar con la inmigración irregular.

El acuerdo incluye 34 puntos que incluyen eliminar agencias públicas de la llamada administración paralela y replantear el gasto de Memoria Histórica para que el dinero vaya estrictamente a localizar y recuperar fosas, a investigar y al banco de ADN. Realmente el presupuesto anterior de Memoria Histórica ya iba destinado a estas medidas, por lo que la modificación afectaría a las asociaciones dedicadas a ello, sobre todo aquellas en las que la subvención financia gastos estructurales de la asociación.

Este documento, entre otras medidas, compromete al gobierno a incluir otro concepto que propuso Vox en enero y es el de la "violencia intrafamiliar". En este presupuesto se propone crear un teléfono gratuito de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar. PP y Ciudadanos asumen este concepto en sustitución de violencia de género o violencia machista. El Partido Popular ha intentado explicar que el concepto de violencia de género no desaparecerá, sino que convivirá junto al de violencia intrafamiliar y tendrá un presupuesto exclusivo.

Sin embargo, el punto dos de los presupuestos sustituye el concepto de transversalidad de género por el de principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como mecanismo integrador de las diferentes opiniones e ideologías.

El documento también recoge un servicio de atención a mujeres embarazadas que se encuentren con dificultades económicas, con objetivo de reducir las tasas de aborto.

Y otro de los méritos de Vox dentro de este acuerdo es que, el partido de Santiago Abascal, que retiró su enmienda este miércoles para salvar el primer presupuesto andaluz no socialista en 37 años, ha conseguido que el concepto “inmigración irregular” entre en las cuentas autonómicas con ese nombre, a través de una propuesta de detraer 600.000 euros que estaban destinados a asociaciones relacionados con la inserción de personas inmigrantes para destinarlos, en cambio, a edificios y otras construcciones judiciales.

Se trata del cuarto de los 34 puntos previstos en el documento de acuerdo de medidas presupuestarias entre 2019 y 2020 y esta medida consiste en una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante el cual se proceda al apoyo económico de la Junta de Andalucía para el cumplimiento de la normativa vigente sobre la inmigración irregular creando un órgano de coordinación que sincronice a todas las conserjerías.

La propuesta de vox que lanzó el 9 de enero ya señalaba que se trabajará para cumplir varios objetivos, entre ellos apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada siempre al mercado laboral.

En la propuesta que hizo en su momento en enero, Vox lo planteaba como medidas contra la inmigración ilegal en las que destacaba colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados. Según el partido, la Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular al poseer la documentación necesaria para expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales y no compartirla con la policía. Pero tal y como lo planteaba Vox, no sería posible ya que la ley prohíbe la cesión masiva de datos sanitarios de inmigrantes a la policía, pues incumpliría el principio de proporcionalidad. Además, Vox también pedía terminar con el efecto llamada y suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales, tema que ya zanjaron algunos medios desmontando estas afirmaciones.