El momento más delicado en la trayectoria de una empresa ocurre cuando la actividad sigue en marcha y los pagos se atienden al día, pero las previsiones financieras alertan de que, si no se toman medidas urgentes, el negocio acabará abocado a la quiebra. En el espacio “Surus, reestructuración y segunda vida” los expertos de Pluta Abogados analizan el escenario de la "probabilidad de insolvencia" y las graves responsabilidades que recaen sobre los administradores si deciden mirar hacia otro lado.
Escucha el programa completo con Xavier García Esteve, director general en Pluta Abogados; Ángel de la Morena Aguado, abogado en Pluta Abogados; Alicia Tabanera, abogada del departamento de insolvencias de Surus y Daniel Barrientos, responsable del Departamento Inmuebles de Surus.
Entender la probabilidad de insolvencia: el margen de dos años
La legislación actual define la probabilidad de insolvencia como aquel momento en el que una empresa prevé, de manera razonable, que no podrá cumplir con sus obligaciones financieras en el plazo de los siguientes dos años. Este concepto, que proviene de una directiva europea de 2019 e incorporado a la Ley Concursal española en 2022, busca precisamente la anticipación. Se diferencia claramente de la insolvencia inminente —donde los impagos se prevén en un plazo inmediato de tres meses— y de la insolvencia actual, en la que la empresa ya ha empezado a incumplir de forma recurrente sus obligaciones de pago.
Las "luces rojas" que anuncian la tormenta
Para no llegar tarde al diagnóstico, los administradores deben vigilar una serie de alertas tempranas o "luces rojas" financieras que revelan el deterioro progresivo del negocio. Estos síntomas, que a menudo se ignoran, van desde las dificultades para afrontar las liquidaciones trimestrales del IVA o los retrasos con la Seguridad Social, hasta una tesorería visiblemente mermada, la pérdida de clientes clave o una caída continuada de la rentabilidad.
El deber de proteger a los acreedores y el "derecho a equivocarse"
Cuando la insolvencia planea sobre la empresa, el foco de protección del administrador cambia por completo. Aunque se mantiene el deber de lealtad con la sociedad, surge la obligación de equilibrar ese interés con el de los acreedores para evitar causarles un perjuicio mayor. En la toma de decisiones críticas, la ley ampara al administrador bajo la regla del juicio empresarial (Business Judgment Rule), que le otorga una especie de "derecho a equivocarse" de forma razonable siempre y cuando actúe de buena fe, sin intereses personales directos, con suficiente información y siguiendo los canales de decisión adecuados.
De lo contrario, si se realizan operaciones injustificadas —como repartir dividendos o vaciar activos en esta fase delicada—, el administrador puede enfrentarse a demandas de responsabilidad, tener que responder de las deudas con su propio patrimonio o ver calificado el concurso de acreedores como culpable.
Desinformación por encima de la mala fe
La experiencia de los expertos demuestra que los administradores suelen buscar asesoramiento externo demasiado tarde, cuando el margen de maniobra es mínimo. A pesar de que hoy en día existen herramientas accesibles para vigilar la salud financiera de un negocio, los especialistas destacan que el problema principal en las empresas no es la mala fe, sino la desinformación. Es habitual encontrar a gestores que intentan seguir adelante ignorando la realidad de su tesorería e incumpliendo sus deberes de diligencia. Por ello, ante la primera señal de alarma, resulta vital acudir a expertos legales y financieros para trazar estrategias de reestructuración o refinanciación antes de que el abismo sea inevitable.
