El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, ha solicitado a Renault la convocatoria de un consejo de administración para sustituir a su presidente, Carlos Ghosn, que lleva dos meses detenido en Japón por ocultar cifras millonarias y otras irregularidades.

“Siempre he indicado, recordando la presunción de inocencia de Carlos Ghosn, que si se encontraba imposibilitado de forma duradera tendríamos que pasar a la etapa siguiente. Y estamos en ella”, declaró Le Maire a la televisión francesa LCI. El ministro agregó que el ejecutivo, en condición de accionista principal, había instado a la convocatoria del consejo para que “se designe una dirección duradera”.

Estas declaraciones convergen con la estancia de dos altos cargos del Gobierno galo en Tokio con el fin de reunirse con los directivos de Nissan y hablar sobre la sucesión de Ghosn, que presidía ambos grupos antes de ser detenido. El Estado francés controla algo más del 15% de las acciones de Renault, mientras que Nissan, aunque posee una cifra similar, no tiene derechos de voto en la junta de accionistas. Esta condición es consecuencia de la alianza entre las empresas automovilísticas: Renault tiene el 43,5% de Nissan y Nissan el 15% de Renault, ambas sin derecho a voto.

El director general de Nissan, Hiroto Saikawa, dijo públicamente esta semana que esperaba que Renault respaldara el cese de Ghosn, una vez su junta directiva tuviera acceso completo a la investigación interna, que ha sido liderada por el propio Saikawa. Además negó cualquier teoría sobre un posible complot de los japoneses contra Ghosn.

Thierry Bolloré ocupa el cargo de forma interina y es uno de los candidatos a mantenerse, aunque suenan otros nombres como Didier Leroy (Toyota), Philippe Guillemot (Elior) o  Jean-Dominique Senard (Michelin).

Ghosn ha sido acusado de ocultar cerca de 80 millones de dólares en compensación adicional durante el periodo de 2010 a 2018, y que habrían acordado pagar más tarde con Greg Kelly, director de Nissan, quien también ha sido acusado junto a su compañía. Kelly ha negado que los acuerdos por pago diferido fueran ilegales o requirieran de divulgación.