El decreto matiza además que las entidades no podrán deducirse este pago en el impuesto de sociedades y, además, garantiza unos ingresos superiores a los actuales para las comunidades autónomas, que son las que lo cobran, al eliminar bonificaciones.
Lo cierto es que los principales consejeros delegados de los bancos españoles cotizados han venido advirtiendo de que algún modo u otro, asumir este impuesto repercutirán en el cliente. Así lo explicaba el CEO de Sabadell, Jaime Guardiola.
Desde Bankinter, su consejera delegada María Dolores Dancausa, explicaba que su estrategia no pasa por colar más comisiones al cliente
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechaza de plano eliminar este impuesto, al defender que aporta 2.000 millones de euros de ingresos anuales a las regiones, que considera necesarios para sufragar su gasto en Educación, Sanidad o protección social.
El decreto incluye una disposición que modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto de Sociedades para fijar el tributo de AJD como no deducible, con lo que si la banca quisiera traspasar el coste al cliente, debería cobrarle más de lo que abona por el impuesto.
De esta forma, el Gobierno se asegura de que ambos tributos sigan arrojando los mismos ingresos que hasta ahora. Las comunidades, de hecho, recaudarán todavía más por AJD al dejar de aplicar las bonificaciones para jóvenes o discapacitados.
En cuanto al riesgo de que la banca acabe trasladando el sobrecoste al cliente (unos 1.100 millones al año, según el sindicato de técnicos de Hacienda), Montero cree que la nueva oficina de protección del consumidor financiero que ultima Economía velará por evitarlo. La realidad es que este organismo debía estar listo hace meses y se centrará en atender reclamaciones de clientes o en tratar de evitar cláusulas abusivas.
