Las autoridades del Puerto de Valencia han confirmado a Capital Radio que una de sus terminales está "preparada para recibir a la naviera surcoreana Hanjin Shipping". Sin embargo, "la compañía ha decidido quedarse fondeada en la zona del puerto destinada a este fin", añade.

A primera hora de esta mañana, la surcoreana confirmaba que los puertos de Valencia (España) Savannah (USA) y Xiamen (China) no autorizan ya la entrada de sus barcos de transporte. La compañía se encuentra a un paso de la bancarrota después de que sus bancos acreedores le hayan retirado la mano. Korea Development Bank (KDB) ha sido el primero en negar el apoyo a Hanjin Shipping, decisión que se hará efectiva el 4 de septiembre.

El grupo de la compañía, Hanjin Group, asegura que si la filial es puesta bajo administración judicial, hará todo lo posible para ayudarla. En junio, el gobierno de Corea del Sur hizo público un fondo de apoyo a los bancos expuestos de 9,84 millones de dólares. Sin embargo, aunque el 25 de agosto Hanjin Group ofreció 489 millones de dólares en su plan, KBD y otros acreedores de la surcoreana rechazaron las propuestas.

La última reestructuración de Hanjin Group asciende a 357 millones de dólares por parte de su principal accionista, Korean Air Lines. Pero los acreedores piden al menos 537 millones de dólares. Por su parte, el gobierno intenta que Hyundai Merchant Marine Co, uno de sus principales rivales locales, adquiera alguno de los activos más grandes de la compañía. Los acreedores, liderados por el KDB, han tomado recientemente el control de Hyundai Merchant Marine, del grupo Hyundai, como parte del plan de reestructuración de la deuda.

La naviera tiene préstamos de hasta 1.068 millones de dólares pero expirarán el próximo año. Además, tiene que hacer frente a la deuda que se situó en 5.000 millones de dólares a finales de 2015. Los bancos ya han mostrado su decisión de no comprometerse más con la compañía alertados por la caída en el tráfico marítimo. Si la naviera entra definitivamente en bancarrota y es puesta bajo administración judicial, podría poner en peligro los puestos de unos 1.500 trabajadores.

Las consecuencias de la retirada de los barcos engloba un total de 540.000 contenedores y el envío de mercancías a los países en los que opera podría verse gravemente afectado en los próximos tres meses. El Gobierno plantea ahora una consulta con organismos afines con el objetivo de alcanzar una medida integral para fomentar la competitividad de la industrial local de transporte marítimo de mercancías.