Hace ya 42 años que Milton Friedman publicó su libro “Libertad de Elegir”, que es algo así como el libro de cabecera de los economistas neoliberales. Se trataba de un libro tardío, publicado después de haber obtenido el Premio Nobel (1976) y de ser el principal exponente de la denominada Escuela de Chicago.
Desde entonces, todo en teoría económica parece ser “neo”; están los neokeynesianos, los neoclásicos, los neoliberales, etc.; mucha actualización de teorías anteriores, pero nada nuevo. Probablemente, necesitaríamos un nuevo Keynes para que nos crease una teoría económica para el siglo XXI, en la que habría globalización, fuertes externalidades por cambio climático, escasez de agua, energía cara y omnipotentes bancos centrales que marcan el nivel de los tipos de interés donde les apetece, incluso manteniéndolos siete años en negativo, un nuevo paradigma de la heterodoxia financiera.
Tradicionalmente, la libertad de elegir se asocia con la democracia representativa, y parecería razonable que cada uno de nosotros, dentro de nuestro entorno de libertad, pudiéramos elegir lo que creemos que es mejor para nuestros intereses. Esa libertad nos puede llevar a equivocarnos, pero sería lógico pensar que fuéramos nosotros los que asumiéramos tanto los beneficios como los potenciales costes de nuestras decisiones, dado que las hemos tomado en libertad.
Sin embargo, y ya ciñéndonos a lo que ocurre en nuestro país, en los últimos años parece que si alguien se equivoca en temas financieros, los demás debemos acudir en su ayuda, no sé si por solidaridad, o porque políticamente se desean amarrar los votos de los que son objeto de ayuda por parte del Gobierno. Pasó con Bankia y los accionistas que habían invertido en acciones, un producto claramente de riesgo, que se vieron compensados por el banco por sus pérdidas, en un momento en el que el banco era público y había sido rescatado con más de 20.000 millones de euros, propiedad de todos los españoles.
Luego volvió a ocurrir con las “preferentes”, unos títulos diseñados en 2003 a medida de las cajas de ahorros por un decreto que llevaba la firma de Rodrigo Rato y del entonces secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, en el que se permitía a las cajas de ahorros crear sociedades fantasma, para que emitieran ese engendro que se llamó “participaciones preferentes” con la garantía de las propias cajas de ahorros, ya que estas entidades no tenían capital y no podían emitirlas, al contrario que los bancos. El resultado fue que, de nuevo, los títulos preferentes no pudieron ser pagados y, en medio del rescate de las cajas, hubo que recurrir a dinero público para resarcir a los inversores de sus inversiones con riesgo (estaban invirtiendo en acciones) al margen de que la comercialización de estos productos por parte de las redes comerciales de las cajas de ahorros también dejó mucho que desear.
Hace cinco años, se produjo la quiebra del Banco Popular y, de nuevo, las acciones y los bonos convertibles contingentes perdieron todo su valor y los accionistas dijeron que se les compensase por haber invertido en acciones, pero ahora la intervención había sido ordenada por el Banco Central Europeo, y hace unos meses se ha dictaminado que los inversores en productos de riesgo, como las acciones del Banco Popular, no tienen derecho a reclamar compensaciones. Si se arriesgaron comprando acciones en bolsa o en las ampliaciones de capital era porque pensaban obtener plusvalías o dividendos. Si les ha salido mal, no tienen que ser otras entidades, públicas o privadas las que compensen a los inversores en bolsa. Si los sujetos tienen libertad de elegir, deben también asumir sus consecuencias.
En lo que respecta a las hipotecas, se trata de un tema que está siendo manido en los últimos meses, por la demanda de determinados colectivos de prestatarios de que se les compense porque están subiendo los tipos de interés y les aumenta la cuota de la hipoteca. Y es aquí donde algunos nos rasgamos las vestiduras, ya que comprarse una casa es una decisión libre de los ciudadanos, no un derecho constitucional. Si se tiene dinero o capacidad económica para adquirir una casa, perfecto; pero si no se puede, las personas tendrán que vivir en régimen de alquiler, y ahí sí que será necesario facilitar el acceso a los sujetos, para cumplir el mandato constitucional.
Si se pide una hipoteca para comprar una vivienda, el peticionario deberá evaluar su capacidad de devolución del dinero prestado y sus ingresos mensuales para satisfacer las cuotas amortizativas. Si no se tiene seguridad en el empleo o se tiene un sueldo precario asumir riesgos a 30 años es un riesgo importante. Además, si se decide firmar una hipoteca habrá que decidir bajo qué modalidad se hace, es decir, si es a tipo fijo o a tipo variable. Cuando los tipos de interés están altos, lo lógico es hacerlo a tipo variable, ya que con el tiempo tendrán que bajar y, por tanto, bajarán las cuotas mensuales. Pero cuando los tipos de interés están bajos, y no digamos si están en negativo, los tipos de interés sólo pueden subir, por lo que lo que hay que hacer es firmar la hipoteca a tipo fijo.
En los últimos 15 años, hemos pasado de tipos de euríbor anual al 4,745% el 31-12-2007, justo antes de empezar la crisis financiera, a los últimos siete años en que han estado negativos. En la actualidad, los tipos de interés han subido hasta el 2,686% (1-11-2022), es decir, menos de dos puntos que los existentes al cierre de 2007 y por debajo del nivel de enero de 2009. Por tanto, todos aquellos que firmaron hipotecas a tipo variable antes del año 2009 se han estado beneficiando durante 13 años de unas cuotas inferiores a lo que habían previsto, y a nadie se le ocurre pensar que tengan que compensar a los bancos por haber pagado menos intereses. Pero, además, el número de hipotecas firmadas a tipo fijo se ha ido incrementando en los últimos años:
De hecho, casi la cuarta parte de las hipotecas del período 2009-2021 se han firmado a tipo fijo, y ahora se están beneficiando por haber tomado la decisión correcta, pagando unas cuotas inferiores a las que pagan los que se endeudaron a tipo variable, porque, digámoslo también, cuando firmaron la cuota a tipo variable era inferior que la cuota a tipo fijo, y creyeron ser más “listos” que los que se cubrían del riesgo financiándose a tipo fijo.
En cuanto a los 3,28 millones de hipotecas firmadas a tipo variable, hemos de tener en cuenta que una parte de estas hipotecas han podido ser canceladas, bien por impago, bien porque se habían contratado a plazos más cortos, no existiendo unas estadísticas de hipotecas vivas por tramos de contratación, por lo que no sabemos realmente cuántas se verán afectadas por la subida del euríbor, si bien sabemos que será de forma gradual, ya que normalmente el tipo de referencia se renueva una vez al año.
Después habría que ver qué se considera como “vulnerable” en términos de unidad familiar, ya que no sólo depende del salario que se cobre sino también del riesgo hipotecario asumido. Una persona que cobre 2.500 euros de sueldo y haya firmado una hipoteca de 1.500 euros al mes, puede tener más problemas que un persona que cobre 1.800 euros y tenga una hipoteca de 600 euros al mes. ¿A quién habría que ayudar? Se trata de un tema muy complejo, en el que la izquierda mediática está tratando de presentarse como adalid de la defensa de los oprimidos por los “odiosos” banqueros, cuando sencillamente tendría que inhibirse en un tema que no le compete.
Mientras tanto, en el otro lado del espectro político, el Partido Popular quiere hacer lo propio con su “cheque hipoteca” para los que compraron vivienda a partir de 2013 (¿y por qué no a partir de 2009?), o reeditar la desgravación por compra de vivienda, apuntándose también a la guerra por la compra de votos.
Ninguno de los partidos mayoritarios cae en el hecho de que lo que en el fondo están haciendo, o quieren hacer, es una transferencia de rentas desde los que no se compran piso hacia los que sí se lo han comprado, utilizando como vehículo los impuestos que pagamos todos. Lo dicho, nos toman como si fuéramos personas incapaces de asumir las consecuencias de nuestras propias decisiones, y por eso nos tienen que llevar de la mano, interviniendo en todo momento en la marcha de los flujos económicos y financieros.
¡Señores diputados! No somos niños de pecho para que se nos dé de mamar con el maná del Estado. Si vivimos en una democracia representativa, no es de recibo que los gobiernos estén interviniendo continuamente en la Economía. Cuando un mercado funciona de una manera razonablemente eficiente, es preciso dejarlo en libertad. Un euríbor entre el 2% y el 3% es un nivel de lo más adecuado para un sistema económico y los españoles somos personas lo suficientemente maduras como para elegir si queremos firmar una hipoteca y asumir los riesgos y compromisos que ello conlleva.
El Gobierno no puede salir con dinero público al “rescate” de aquellos que han tomado una mala decisión de inversión, ya sea en acciones o en ladrillo. A veces, a las personas hay que dejarlas que se equivoquen a fin de que cojan experiencia. Si siempre se nos tiene tutelados y subsidiados nunca conseguiremos la mayoría de edad que nos haga mirar de tú a tú a nuestros homólogos europeos.
