España arrastra desde hace más de una década un déficit estructural de oferta de vivienda que se traduce en precios tensionados y crecientes dificultades para acceder tanto a la compra como al alquiler. Según los datos manejados por el Banco de España, este déficit podría alcanzar las 600.000-700.000 viviendas, una cifra que seguirá creciendo si no se toman medidas urgentes. ¿Es la colaboración público-privada la solución para la vivienda? Lo abordamos con Toni Bosch, director de Inversiones Inmobiliarias Alternativas en Solventis.
Escucha la entrevista completa en el siguiente podcast de Mercado Abierto:
Falta de vivienda que no casa con la creación de hogares y que se se traduce en un tensionamiento en los precios. ¿Cómo abordarlo? Con Toni Bosh, director de inversiones inmobiliarias alternativas en Solventis.
El coste público de la solución tradicional
Bosch advierte que cubrir este déficit utilizando el modelo de subvenciones contemplado en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 supondría un gasto público desmesurado.
"Si tuviéramos que impulsar esas 700.000 viviendas que ha puesto de manifiesto el Banco de España, apoyados en un modelo que necesita ser subvencionado con 1.000 euros por metro cuadrado útil, implicaría nada más ni nada menos que la inyección de recursos del Estado de como mínimo 51.000 millones de euros", señala Bosch.
Esta cifra contrasta con los 7.000 millones presupuestados en el Plan Estatal para todo el periodo, lo que según el experto significa que "tardaríamos muchísimos años en poder cubrir ese déficit".
Un modelo alternativo de colaboración público-privada
La propuesta de Bosch pasa por diferenciar claramente entre los distintos segmentos de vivienda y aplicar soluciones específicas para cada uno. "No podemos pensar que la vivienda es exactamente igual que la educación o la sanidad", afirma, defendiendo un modelo de colaboración que no dependa exclusivamente de los recursos públicos.
El especialista apuesta por un sistema de pago por disponibilidad que, según explica, permitiría "aportar vivienda de alquiler entre 7 y 9 euros metro cuadrado útil, sin la necesidad de aportar subvención alguna por parte de la administración pública", reservando las ayudas directas solo para la vivienda social destinada a las rentas más bajas.
Esta propuesta ya ha comenzado a generar interés: "Hay cuatro comunidades autónomas que ya están trabajando en la licitación de nuevos proyectos que se van a lanzar durante el primer trimestre del año que viene", revela Bosch, estimando que podrían impulsarse entre 15.000 y 20.000 viviendas con este modelo.
Además, destaca que el Ministerio "ha entendido que es una propuesta interesante y lo ha incorporado en el plan estatal de la vivienda".
