Todo apunta a que el comportamiento positivo y sano que ha experimentado el sector inmobiliario en 2021 se mantendrá, o incluso mejorará, en 2022 y que el próximo año asistiremos a un crecimiento moderado y sostenible de una demanda solvente de vivienda de obra nueva. Esta sólida demanda, unido a que la oferta continuará siendo limitada, presionará los precios al alza.

Respecto a la oferta de vivienda que viene, si en 2021 constatamos un cambio en las preferencias y gustos de la demanda -que pedía viviendas más amplias, espacios comunes, terraza o jardín, más iluminación natural, un diseño funcional y versátil- en 2022 se prevé que esta tendencia se prolongue. Además, empezaremos a comprobar cómo los clientes exigirán y los promotores desarrollaremos (cada vez más) viviendas saludables y pensadas para el bienestar de las familias. Promociones, por ejemplo, con completos clubes sociales en las que se promoverá la salud de los residentes a través del deporte, la conciliación laboral y familiar y la sostenibilidad.

Sobre los retos, el sector tiene por delante varios desafíos. El más importante, convertir un negocio en una industria confiable y predecible; un cambio de modelo enfocado a clientes y accionistas que dé certidumbre y permita optimizar la productividad y la rentabilidad de un sector vulnerable a los ciclos. ¿Cómo? A través de la industrialización, la digitalización y el gobierno corporativo.

Asimismo, el sector inmobiliario no puede perder de vista la escasez de mano de obra, un problema que debe afrontar junto con las administraciones, fomentando la Formación Profesional para reactivar oficios que hoy no tienen relevo generacional; y con la implementación de los Métodos Modernos de Construcción (MMC) y soluciones industrializadas, que contribuirán también a paliar los efectos de la inflación en los costes de construcción.

Por último, la industria promotora tiene que impulsar y colaborar con iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, a las familias que lo necesiten y, sobre todo, a los jóvenes. El Build to Rent (BtR), que se ha consolidado en 2021, o el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, impulsado también en 2021 y ejemplo del buen funcionamiento de la colaboración público privada, representan dos fórmulas muy interesantes para conseguir un mercado del arrendamiento asequible, fuerte y profesionalizado.