El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030, el primer plan director a nivel estatal que estará vigente hasta 2030. Con un presupuesto de 7.000 millones de euros, el plan llega con cuatro meses de retraso tras las negociaciones con las comunidades autónomas para incorporar sus aportaciones al texto definitivo.
Según la ministra Isabel Rodríguez, el nuevo plan estatal tiene tres grandes ejes de acción: construir más viviendas, rehabilitar y movilizar el parque ya existente y ofrecer ayudas para los que más lo necesiten. Entre sus medidas estrella se encuentran ayudas para jóvenes relacionadas con el alquiler, el impulso a la rehabilitación residencial, la ampliación del parque público residencial y el blindaje de ese parque público.
Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid y Alfredo Díaz-Araque, director gerente de APCEspaña nos hacen una valoración inicial sobre el nuevo Plan de Vivienda Estatal.
Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, ofrece una valoración matizada del plan: "Lo primero, aplaudo desde aquí el Real Decreto en lo que sirva de sistematización del decreto. Porque el proyecto era farragoso en el sentido de que te llevaba para adelante, para atrás. Tenías que ir casando al menos el tuyo y tenías que ir pasando los distintos bloques para ponerlos cada uno en el suyo. Bienvenido sea la labor de sistematización".
Salcedo destaca que "las ayudas que contempla son para casi todo, pero hay dos carencias importantes: la primera coordinación, consenso con comunidades autónomas, entes locales y el sector en general. Las patronales, los fondos de inversión, porque si es que al final el dinero lo van a tener que poner. Hoy leía algunas críticas, en concreto del consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, quien precisamente hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado también una modificación de la Ley de Vivienda Protegida en la Comunidad de Madrid que mejora sustancialmente muchos aspectos y dice: que nos obliga si quieren acogerse al plan a desembolsar el 40% de las inversiones previstas y él mismo decía que serían superiores a 1.000 millones de euros".
Salcedo apunta que el nuevo plan "obliga a hacer un desembolso de 400 millones de euros y la capacidad presupuestaria de las comunidades autónomas, en concreto de la Comunidad de Madrid, está limitada. Entre otras cosas no tenemos Presupuestos Generales del Estado, que tienen prorrogados desde el año 2023".
Reconocimiento del problema estructural de oferta
Alfredo Díaz-Araque, director gerente de APCEspaña, destaca aspectos positivos del plan: "Una cosa que yo creo que hablamos muchísimo y que aquí tenemos que decir que el Ministerio reconoce y es cuando dice que el problema realmente del mercado es que hay un desequilibrio estructural que se traduce en una oferta insuficiente. O sea, no está nada mal. Es decir, ya habla de que el gran problema es el problema de oferta".
Díaz-Araque explica que "de esos 7.000 millones que se habla, que son globales y que hay que entender que esos son los que ponen tanto el Estado en un 60% como Comunidades Autónomas un 40%, no son 7.000 más. Y el nuevo plan destina una parte a la oferta de vivienda asequible y además lo blinda, que es un 40%. Esos 2.800 millones que hay".
Recuperación de ayudas históricas
El director gerente de APCEspaña celebra la recuperación de medidas que habían desaparecido: "Hay que celebrar la recuperación de subvenciones a la promoción protegida tanto en venta como en alquiler, ausentes en 2022‑2025, para impulsar nueva oferta, porque desde el 2013 el foco de los planes estatales de vivienda fueron la vivienda en alquiler".
Díaz-Araque también destaca las "ayudas a los costes de urbanización. Esto es una cosa que hemos estado reclamando por activa y por pasiva desde APCE España. Se recuperan, que desde el año 2012 no había ayudas a costes de urbanización y hay ayudas a coste de urbanización 8.000 euros por vivienda protegida en los ámbitos que haya".
Condicionantes y limitaciones del plan
Salcedo advierte sobre las condiciones que acompañan a las ayudas: "Todas las ayudas que contempla el Real Decreto contienen condicionantes, es decir, no son simples. En la de urbanización ha dicho la cantidad 8.000 euros por vivienda protegida. Claro, sí, pero con un límite que dice el 2,5% de la aportación total del plan. Y esos son, señores, 175 millones de euros para cinco años".
El presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios también señala restricciones importantes: "Establece las condiciones, pero dice una condición sine qua non: se tienen que destinar estas viviendas al menos 50 años al alquiler o a la cesión. Dice que al menos el 50% del capital tendrá que ser suscrito por las administraciones públicas. Es decir, el control de todas estas ayudas tendrá que estar sometido siempre con la participación en administraciones públicas".
Mecanismos de flexibilidad autonómica
Sobre la financiación autonómica, Díaz.Araque aclara: "Las comunidades autónomas preguntan por el año en curso y hay una parte que era el 2026 que ya se establecía en el borrador y se establece que va con cargo al Estado, es decir, las comunidades autónomas no tendrán que aportarlo".
Además, "lo que hace el plan establece un tema: si usted no pone el 40%, la parte del Estado se verá proporcionalmente bajada. Entonces yo sí que creo que hay una serie de mecanismos y habrá que verlo luego en esos convenios donde al final puede haber esa correlación y esa gestión y ese hablar y ese dialogar entre Estado y Comunidades autónomas".
Digitalización y monitorización
Díaz-Araque destaca aspectos innovadores del plan: "Dentro del Plan Estatal de Vivienda lo que se permite es que parte de los fondos se sirvan para poder ayudar a las administraciones autonómicas a poder gestionar lo que es el Plan Estatal de Vivienda, porque burocráticamente es muy complejo y creo que ahí pierden la oportunidad, aunque está apuntado, pero pierden la oportunidad de haber establecido mucho más incentivo hacia la digitalización de esos procesos".
El experto también celebra que "por fin el plan recogiendo mucho lo que se había hablado por Tribunal de Cuentas de monitorizar todo esto, porque no puede seguir siendo un dinero que se da y no sabemos los ciudadanos cómo funciona. Y el plan establece también una serie de mecanismos que va a ser complejo hacerlo, pero de monitorización y que podamos saber dónde se va gastando cada euro y cómo se van haciendo esos objetivos".
Necesidad de reforma de la Ley del Suelo
Sobre la necesidad de modificar la legislación del suelo, Díaz-Araque es contundente: "Es imprescindible, es que nos va la vida. O sea, no es la palanca, no es lo más relevante, pero es una cosa que va a ayudar mucho".
El experto celebra que "el martes tuvimos un buen día. Yo creo que en ese sentido los promotores, porque por un lado se aprobó el Plan Estatal de Vivienda con esas ayudas que son históricas, y luego por la tarde tuvimos un debate en el Congreso donde la proposición de reforma del suelo que planteaba el Grupo Parlamentario del Partido Popular se aprobó y se admitió".
Salcedo mantiene una posición crítica respecto a la Ley de Vivienda 12/2023: "Yo sigo manifestándome y creo que lo mejor que puede ocurrir con la Ley de Vivienda todavía hoy, incluso aún más con este Plan estatal de vivienda, sería derogarla. Arrancar una nueva ley de vivienda consensuada entre todos los partidos y actores políticos, profesionales y sectoriales".
El experto argumenta que "cada vez es más difícil la marcha atrás porque sobre todo la Comunidad Autónoma de Cataluña ha ido legislando más allá de lo que dice o lo que le permite la Ley de Vivienda 12/2023. Y ahora eso ¿cómo lo das marcha atrás? Se puede dar marcha atrás, yo creo que sí, pero eso es un conflicto entre instituciones".
Falta de mercado único nacional
Salcedo concluye señalando una problemática estructural: "No existe un mercado único en España. Cada comunidad autónoma legisla en el marco de sus competencias, por supuesto, pero legítimo. Y este Plan Estatal de Vivienda lo que va en mi opinión, es a reforzar, a asentar aún más si se puede la Ley de Vivienda. Entonces, claro, ahora ya no es sólo la ley de Vivienda, ahora es la Ley de Vivienda más plan estatal: si no quieres ley, no quieres plan. Y claro, ¿cómo vas a renunciar a su ayuda?"
El análisis de ambos expertos revela un plan ambicioso en recursos y alcance, pero con importantes condicionantes que reflejan la orientación política del Gobierno hacia un mayor control público del mercado de vivienda. Mientras Díaz-Araque muestra una valoración más positiva del conjunto de medidas, Salcedo advierte sobre las limitaciones y condiciones que pueden reducir su efectividad práctica, especialmente en un contexto de fragmentación competencial y falta de consenso sectorial.
