Las cooperativas denuncian la politización del urbanismo en Madrid

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17/06/2016 10:46

Las cooperativas de vivienda no atraviesan su mejor momento, muchas han visto cómo sus proyectos se han paralizado y están a expensas de que el Ayuntamiento les de una respuesta. Esto ha supuesto poner en peligro los ahorros de cientos de familias que forman esas cooperativas y que han apostado por tener una vivienda invirtiendo sus ahorros en la compra del suelo. En nuestro debate de Inversión Inmobiliaria hablamos de la política que está llevando a cabo el Ayuntamiento provocando el parón de algunos proyectos residenciales más significativos de la capital con cientos de cooperativistas afectados.

En todos estos proyectos el Ayuntamiento lo que pretende es dejar claro dos cosas: recuperar la iniciativa pública frente a las inversión privada y rebajar el número de viviendas que se puedan construir. ¿Está el Ayuntamiento politizando la gestión urbanística?

"La sensación que percibimos en Ibosa es que hay cierta reticencia a la iniciativa privada. Las cooperativas son el tercer sector de la economía, el sector social que sí que es puramente una iniciativa privada pero no tiene ánimo de lucro por lo que debería de tener un tratamiento especial. Nuestro proyecto, Residencial Metropolitan, en las antiguas cocheras de Metro en Madrid es un proyecto integrado por cooperativistas finalistas y no es una especulación que pretende vender luego las viviendas a otro precio sino que es un comprador presente que ha elegido comprar la vivienda por debajo del precio de mercado y eso además también tendría que contar con la protección por parte de los poderes públicos pero nada de esto pasa porque se ha visto truncado por unas circunstancias que entiende la cooperativa  que no tienen suficiente fundamento legal ni técnico. Lo que están frenando no es un negocio sino a cientos de familias que han puesto su dinero y su ilusión en una casa que es muy diferente a un proyecto inmobiliario visto desde el puro negocio", afirma Juan José Perucho, director general de Ibosa. Ibosa es la gestora de la cooperativa Metropolitan, formada por 443 familias que adquirieron por 88 millones de euros el suelo de las antiguas cocheras de Metro en Madrid en 2014 a través de subasta pública y que ahora el Ayuntamiento lo ha desestimado por incumplir el plan general de urbanismo.

"No entendemos que Ahora Madrid lleve en su programa electoral el apoyo a las cooperativas porque la realidad no es esa. No está apoyando a ninguna cooperativa sobre todo por motivos ideológicos. Es sorprendente que operaciones como Canalejas en Madrid, hayan salido adelante o incluso han intentado llegar a un acuerdo con Wanda en el Edificio España lo que demuestra que prefieren llegar a acuerdos  con inversores privados en operaciones a un precio por metro cuadrado carísimo y en cambio con las cooperativas que tenemos el perfil de autopromotores y somos nosotros mismos los que corremos con el riesgo de la promoción con nuestros ahorros nos estamos dando de bruces con el Ayuntamiento y pensamos claramente que el urbanismo es un tema politizado", apunta Joaquín Vázquez, secretario del Consejo Rector de la cooperativa Metropolitan.

"El problema de base que tenemos es que el Ayuntamiento de Madrid en su voluntad de cambio no está teniendo en cuenta que la anterior Administración, que también la votaron los ciudadanos,  llegó a una serie de acuerdos que han generado una serie de derechos tanto urbanísticos como inmobiliarios. Esa voluntad de cambio lo están haciendo sin pensar en el daño que se causa a los que tenían derechos adquiridos previamente y creo que esto es muy nocivo para las familias de las cooperativas afectadas, para la inversión en Madrid....porque  lo que está pasando con estas operaciones que se han frenado es que afecta a inversores que estaban dispuestos a entrar con dinero y a crear puestos de trabajo para operaciones, que mejor o peor, estaban muy trabajadas y acordadas por la Administración y esto no se puede barrer de golpe y porrazo. Hay que llegar a un acuerdo sobre la base de lo que ya estaba hecho. El urbanismo en Madrid merece un análisis alejado de la exposición política", declara Luis Matín de Ciria, responsable del área inmobiliaria del periódico El Mundo.

Enrique Taboada, gestor y arquitecto de la cooperativa Valdecam, en Valdebebas piensa que la politización del urbanismo en Madrid es algo anterior a Ahora Madrid. "Esto ya estaba antes y ha proporcionado a esta ciudad muchos quebraderos de cabeza. Es verdad que el urbanismo siempre está sometido a posibles deficiencias subsanables, pero en Madrid parece que operan ciertos grupos profesionales que buscan las deficiencias en planeamientos en beneficio propio. En el urbanismo madrileño ya estaba esto y se sometió a una tensión brutal el plan general en Madrid de los desarrollos afectados por las sentencias que anularon estos planeamientos y desarrollos y desde entonces a hoy es un poco más de lo mismo. Ahora hay un cambio en la corporación y aparecen nuevos gestores que tienen muchos frentes y uno de ellos es como combatir la inseguridad jurídica heredada que se ha instalado en el urbanismo y que ha hecho algo absurdo como dar un paso más en el proceso de planeamiento con las sentencias jurídicas, lo cual es un despropósito. Un planeamiento concluye con sus aprobaciones y a partir de ahí si que puede haber un recurso pero que no sea el sistema generalizado por el que ahora mismo las sentencias son un paso más al urbanismo", asegura Taboada.

La cooperativa Valdecam formada por 65 familias, compró un suelo en Valdebebas en un solar donde al principio se iba a desarrollar un centro comercial pero luego se cambió el uso para crear un colegio y 1.000 viviendas. Valdecam, entre otras promotoras, compraron el suelo para uso residencial pero el pasado 4 de marzo el TSJM anuló el plan especial destinado a cambiar la ordenación de este solar en Valdebebas.

En espera de que la situación cambie, algunas cooperativas intentan abrir una vía de diálogo con el Ayuntamiento para llegar a algún acuerdo que les permita retomar los proyectos. Domo Gestora afectada en el Residencial Maravillas con 350 familias, declaró a Inversión Inmobiliaria que hay una predisposición por parte del Ayuntamiento para firmar el convenio quye era el paso siguiente que necesitaban y que desde el Ayuntamiento demoraban su tramitación pero parece que el Consistorio les manifestó su compromiso a firmarse antes de que acabe el verano. Domo Gestora compró el suelo ubicado en la calle Raimundo Fernández Villaverde, en el centro de Madrid, al Ministerio de Defensa y con el actual equipo del Ayuntamiento consiguió que le aprobaran el plan parcial en noviembre de 2015. Falta la firma del convenio urbanístico para ponerse en marcha y conseguir la licencia de obras. 

 

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