415 votos a favor y 189 en contra han sentenciado el futuro de los recursos pesqueros del Sáhara Occidental. El Parlamento Europeo ha dado luz verde al acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, que a falta del visto bueno del Consejo Europeo, entrará en vigor entre marzo y abril e incluye las aguas saharauis.



El acuerdo no cuenta con el visto bueno de la autoridad local, el Frente Polisario, y concede a Rabat la capacidad de negociar en nombre de un territorio pendiente de descolonización, según la legislación internacional y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En una sentencia del año pasado, el TJUE dictaminaba que no podría aplicarse el Acuerdo de Asociación en territorio del Sáhara Occidental por esos motivos.

Sin embargo, la Comisión Europea interpreta que puede extenderse al Sáhara al cumplirse dos condiciones: la obtención del consentimiento de las poblaciones afectadas y el beneficio de la población local. El economista y portavoz de la CE en España, Lucas González Ojeda, explica en Entre Líneas que “los contactos mantenidos demuestran que en general la gente está a favor del acuerdo porque les beneficia económicamente”.

Entre los beneficios económicos para la población local, González Ojeda destaca los acuerdos arancelarios y especialmente las aportaciones económicas con la idea de que “las reciban directamente las personas que participan del ámbito y la economía local”. La CE asegura que hay 141 empresas dedicadas al procesado de productos de pesca, de las que dependen unos 90.000 empleos directos e indirectos y con una facturación de 450 millones de euros que ahora podrán beneficiarse de las condiciones del tratado.

El acuerdo con Marruecos autoriza la pesca durante 4 años a 138 barcos europeos de los que 93 son españoles, algo que celebra el secretario general de Cepesca, Javier Garat. A cambio, la población local recibirá una contrapartida financiera de 52 millones de euros anuales pero que percibirá Marruecos.

Sin embargo, el Observatorio de Negocios y Derechos Humanos en el Mediterráneo, además de diversas organizaciones como HRW o partidos políticos como IU y Podemos, denuncia que el acuerdo no beneficia de manera adecuada a la población local y considera que hay “base suficiente para recurrirlo legalmente”.

“Parte de la compensación económica irá, por ejemplo, a la construcción de infraestructuras en el sector pesquero y la mayoría van al Sáhara Occidental, pero en realidad son puertos de pescadores en muchos casos poblados por población colona marroquí”, explica la coordinadora de investigación del Observatorio. “Ahora hay más población marroquí que población autóctona, lo que ha cambiado la balanza demográfica y hace mucho más difícil una resolución pacifica de un referéndum en el territorio. Esto directamente consolida la ocupación”, añade.