Seis días consecutivos de protestas, mil manifestantes detenidos y 21 muertos, entre ellos un policía y un niño, es el principal balance de la ola de protestas y disturbios en las calles de la mayoría de ciudades de Irán. La situación se recrudece mientras las fuerzas de seguridad intentan frenar el mayor desafío al poder clerical desde los disturbios del año 2009.

Los manifestantes exigen mejoras económicas y sociales y critican la corrupción y la falta de derechos. El presidente del país, Hassan Rohaní, asegura que hay injerencia extranjera en las protestas pero reconoce que las reclamaciones de parte de la población son legítimas: “Lo que ha sucedido en los últimos días en la superficie parecía una amenaza, pero tenemos que convertirlo en una oportunidad. Debemos ver cuál es el problema. No podemos decir que todos los manifestantes que han salido a la calle tengan órdenes de otros países. Puede haber un grupo que sí, pero otros se basan en sus emociones y problemas. Su problema no es solo económico, también hay otras demandas. Reclaman más cosas, como un ambiente más libre.”

El presidente reitera el derecho del pueblo a criticar y protestar pero no a provocar disturbios y a través de la “vía legal”. Al tiempo, el parlamento iraní acusa a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí de fomentar los disturbios. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado varios mensajes en su cuenta de Twitter en los que ha criticado a las autoridades iraníes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, niega la acusación de que Israel está detrás de los incidentes. En el otro lado, Rusia advierte que la injerencia foránea en los asuntos internos de Irán es inadmisible.

El pleno del Parlamento reconoce que se ha producido un deterioro de la confianza de la población por el aumento de coste de la vida, la política económica y los casos de corrupción que se han detectado.

La ley iraní de delitos políticos penaliza cualquier manifestación considerada contraria a la gestión del país y sus instituciones políticas y a las políticas nacionales y exteriores. Sigue sin funcionar la red social “Telegram”, la más usada y popular entre los iraníes, donde se llevaban a cabo los llamamientos a participar en las protestas. El ministerio del Interior ha dejado claro que no se ha otorgado ningún permiso para convocar manifestaciones por lo que hasta ahora cualquiera de ellas es ilegal.

Estas son las manifestaciones antigubernamentales más grandes convocadas en Irán desde 2009, cuando el opositor “movimiento verde” organizó varias jornadas de protesta contra la reelección del entonces presidente, Mahmud Ahmadineyad, que fueron duramente reprimidas.