El nuevo Plan Estatal de Vivienda: ¿solución real o promesa política?

El jueves se conoció el anteproyecto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un documento de 90 páginas que contempla una inversión de 7.000 millones de euros para triplicar la inversión en políticas de vivienda. Este plan distribuye los fondos asignando un 40% a la construcción de vivienda pública, un 30% a rehabilitación y otro 30% a ayudas, incluyendo subsidios para jóvenes y alquiler. La financiación se divide entre el Estado (60%) y las comunidades autónomas (40%).
Un plan ambicioso con obstáculos políticos. Hemos analizado en Inversión Inmobiliaria, en Capital Radio, con expertos en el sector este anteproyectos del PEV.

Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas del Colegio de Economistas de Madrid, considera que no se trata de un texto improvisado, sino "muy completo que toca prácticamente cualquier área que incida sobre la vivienda", con la excepción del urbanismo, que corresponde a la Ley de Suelo.
Entre las medidas destacadas se encuentran ayudas de hasta 38.000 euros para el alquiler con opción a compra para viviendas protegidas, o 15.000 euros para acceso a viviendas en el medio rural. Muchas de estas medidas ya existían en planes anteriores pero se mejoran las condiciones, como ocurre con el bono alquiler joven.
Sin embargo, Salcedo advierte que "este plan está lleno de condicionantes", como el compromiso de destinar viviendas al alquiler durante al menos 50 años, y que se mejoran las condiciones en zonas declaradas como tensionadas, algo que muy pocas comunidades han implementado. "La conclusión es que no se va a llegar a poner en práctica no solo en su totalidad sino en una pequeña parte", sentenció.

Carolina Roca, presidenta de Asprima, discrepa del pesimismo de Salcedo. "Han recogido parte de nuestras propuestas. Lo más importante desde el punto de vista promotor es que se ha recuperado la ayuda a la promoción y construcción de vivienda protegida", señala, recordando que esta ayuda había desaparecido en los dos últimos planes estatales.
Roca destaca que el texto no está redactado como un "trágala" para las comunidades autónomas: "Priman más las ayudas en zonas tensionadas, pero se recibe igualmente una muy buena ayuda aunque no se haya declarado zona tensionada". Además, aclara que el plan no necesita ser convalidado en el Congreso y que durante el primer año no se requiere cofinanciación de las comunidades autónomas.
En cuanto a las ayudas concretas, explica que la subvención básica es de 600 euros por metro cuadrado útil con un límite de 85 metros cuadrados por vivienda, lo que supone unos 51.000 euros por vivienda. Esta cantidad puede incrementarse hasta duplicarse si se cumplen requisitos adicionales como que sea vivienda de promoción pública o de colaboración público-privada.
Dudas sobre su aplicación práctica
José Luis Ruiz Bartolomé, experto en Real Estate, señala un potencial obstáculo: "El plan dice que la financiación se realizará con las dotaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, pero no hay Presupuestos Generales del Estado y no los va a haber" dada la debilidad parlamentaria del Gobierno.
Ruiz Bartolomé también cuestiona la tendencia a la "estatalización" del sector: "¿Cómo hemos evolucionado para que no seamos capaces de poner en marcha viviendas protegidas sin una ayuda pública? Prefiero que reduzcan las cargas, que haya menos impuestos y exigencias para poder ganarme la vida sin tirar de subvención".

Rosa Gallego, CEO del fondo Q-living, valora positivamente las ayudas a la promoción privada: "Bienvenido todo lo que sea entender que el parque de viviendas no solo lo hacen los organismos públicos sino también los privados". Destaca que las ayudas se han duplicado respecto al borrador anterior, pasando de 350 a 700 euros.
Sin embargo, Gallego también muestra escepticismo sobre su implementación: "Invertir en una zona tensionada espanta". Además, expresa dudas sobre los acuerdos entre la coalición de gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y sobre la disposición de las comunidades autónomas a aportar el 40% de la financiación.

Reformas estructurales pendientes
Carolina Roca señala que existen medidas más efectivas que no requerirían gasto público: "Algo tan sencillo como que se hubiera aprobado la modificación del artículo 55 de la Ley del Suelo y acabar con la anulabilidad de los planes generales... Hay más de 100.000 viviendas protegidas o suelo destinado a 100.000 viviendas protegidas paralizado en distintos juzgados de la geografía española".
El debate concluye con un consenso parcial: las ayudas son bienvenidas pero persisten dudas sobre su implementación efectiva y su capacidad para resolver el problema estructural de la vivienda en España. Los expertos coinciden en que se necesita flexibilidad y cooperación entre administraciones para que el plan pueda tener algún impacto real en el mercado. Ahora habá que ver si las CCAA firmar el convenio y se suman al PEV,