La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible marca un punto de inflexión para el transporte público en España, aunque las comunidades autónomas coinciden en que su éxito dependerá del desarrollo reglamentario y, sobre todo, de garantizar una financiación estable.

Así lo han expresado Laura Paredes, directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León; Arantza Fernández Páramo, directora general de Transportes del Principado de Asturias; y Víctor López Menéndez, director general de ALSA, durante la mesa redonda que ha cerrado el Capital Mobility Summit 2025.

Capital Mobility Summit 2025 | ¿Es posible una misma tarjeta de transportes para España?

Castilla y León y Asturias lideran políticas de gratuidad y bonificaciones en transporte público, mientras el sector reclama certidumbre y financiación estructural para afrontar el reto de la descarbonización.

El transporte como derecho fundamental

Las tres autoridades coinciden en definir la movilidad pública como un derecho esencial. "Es un derecho fundamental porque es lo que permite que los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación", explica Arantza Fernández Páramo, quien añade que "no todo el mundo tiene vehículo privado" y por tanto "desde los poderes públicos nos toca garantizar" el acceso al transporte.

Víctor López Menéndez, desde la perspectiva empresarial, aporta una visión complementaria: "La movilidad es vital, es esencial, forma parte de las personas". El directivo de ALSA destaca que esta concepción lleva a la compañía a "pensar mucho en el cliente, porque pensamos desde la persona, desde sus necesidades".

El Principado de Asturias se ha convertido en referente nacional con su plataforma CONECTA, creada en 2023, que permite a los ciudadanos desplazarse en tren y autobús por un máximo de 30 euros al mes. "Si llegas a consumirlo en el día 15 del mes, de forma gratuita. Y al contrario, si no llegas a consumirlo pues solo se cobran los viajes efectivamente realizados", explicA Fernández Páramo.

La realidad de Castilla y León plantea desafíos únicos. Con un 18% del territorio nacional, "la comunidad más amplia de toda España", y "6.000 núcleos de población", Laura Paredes explica que "el 90% de las rutas son deficitarias" porque "muchos autobuses nunca se llenan, son tres o cuatro viajeros".