Se trata de una condena reservada para delitos especialmente graves. Supone cumplir primero los 25-35 años de privación de libertad y someterse, después,  a examen periódicamente para decidir si procede liberar al criminal.

Y es que poca vida parece que vaya a tener tras dos años y medio en vigor porque prácticamente todos los grupos políticos menos el partido popular la desaprueban.

El momento parece un poco fuera de lugar cuando estamos a la espera de conocer la respuesta del Tribunal Constitucional que nos va a contestar acerca de si tiene cabida en nuestro orden jurídico.

Justifican su cambio porque la consideran contraria a la dignidad del ser humano e incompatible con la reeducación y la reinserción social.

En el fondo, por lo que estos grupos apuestan es por una rebaja de las condenas que no sé yo si va en contra del clamor popular cuando, recordemos, queda reservada para los casos con víctimas muy vulnerables, tipo menores, genocidios, etc…

Seguramente veremos cambios en una materia que hoy por hoy no está en la agenda de la calle y que puede tener respuesta por parte de las víctimas.