La obsolescencia programada va a dar mucho que hablar a lo largo de 2018.

Los recientes acontecimientos de Apple que reconoció la ralentización de algunos de sus modelos y las noticias que llegan de Francia, donde organizaciones como la que pretende la paralización de la obsolescencia empiezan a tener éxito en los tribunales, abren un debate muy estimulante para los consumidores.

La lucha se ha plasmado en los últimos meses en la reclamación contra la firmas Epson, Brother y Canon que según dicha organización programaban la duración de los cartuchos de tinta de manera que fuerzan en aquel país a  reemplazarlos, aunque no estén totalmente vacíos.

Desde que en 1932 fuera acuñado el término por un promotor inmobiliario americano, no ha existido una protección a nivel penal hasta que en 2015 nuestro país vecino fue pionero castigando la reducción deliberada de la vida de un producto.

¿Y esto en qué se traduce? Pues en que por ejemplo mientras el caso Apple no puede ser juzgado directamente en EEUU salvo desde el análisis de la información facilitada por el fabricante al cliente, en Francia un fabricante comete un delito si se demuestra que ha disminuido la duración de un producto con su consiguiente ventaja como recambio o consumible.

De hecho, lo que ha hecho ha sido judicializar este tipo de conductas comerciales.

Veremos la evolución de estos casos aunque no podemos olvidar que no todo son detractores. Hay quien opina que la obsolescencia estimula el crecimiento de la industria.