Demandas que ponen de manifiesto la negligencia que la empresa pudo tener cuando protegía la información de los consumidores en un momento muy especial: Cuando existe una guerra comercial en el sector por captar clientes con el reclamo de servicios gratuitos o con bajo coste, low cost.

Estamos hablando de los datos que contiene el carnet de conducir, la tarjeta de la seguridad social que es el documento más parecido a nuestro DNI en España y algunas tarjetas de crédito con sus direcciones, fechas de nacimiento, etc…

Por tanto, lo que se va a juzgar es donde está la frontera entre la buena gestión empresarial que ahorre costes a sus accionistas frente a un incremento de gastos para proteger los datos ante un ataque, con la marea de fondo de los servicios low cost.

Además, las demandas no solo se centran en los temas de privacidad y la protección de datos de carácter personal.

Junto a estos argumentos hay una grave acusación de fraude porque creen los demandantes que se ha producido una manipulación a los accionistas a través de la información financiera y los precios, poco antes de que la verdad fuera hecha pública.

A esto hay que sumar los engaños e intentos de estafa sobre los que ayer mismo prevenía en un comunicado la propia empresa de quienes aprovechan la situación para hacer pedir las contraseñas etc…

Se calculan cerca de 70 mil millones de dólares en daños a lo largo de todo el país con por encima de 143 millones de afectados.