Lo que queda congelado es todo aquello que implique una modificación al alza de las partidas de gasto del 2018, que fueron los últimos Presupuestos Generales aprobados por Mariano Rajoy.
La falta de unos Presupuestos Generales actualizados impide renovar determinadas partidas de gasto. En circunstancias normales, el Consejo de Ministros siempre tiene margen de maniobra para afrontar la necesidad de un mayor desembolso. Puede organizar cambios en partidas que considera más urgentes, es decir, coger el dinero de una partida y trasladarlo a otra. El gran problema está en que ahora mismo tenemos un Gobierno en funciones, que tiene las manos completamente atadas.
El combo falta de Gobierno y falta de Presupuestos actualizados afecta sobre todo a las autonomías, a las diputaciones y a todo lo que suponga nueva inversión pública. Aquí algunos ejemplos:
- Impide la actualización de las entregas a cuenta, es decir, las aportaciones mensuales que hace Hacienda a las comunidades autónomas como parte del sistema de financiación.
- No permite inyectar mayor liquidez al presupuesto de inversiones de obra pública. Se siguen llevando inversiones a cabo, pero esa partida de gasto no puede aumentarse. Por ejemplo, hay obras en el AVE cruciales que se quedan bloqueadas por el rechazo a los PGE de Sánchez, como la Integración Ferroviaria de Valladolid o el túnel de Pajares, que es la línea LeónAsturias, cuyas obras arrancaron hace 15 años.
- Supone la ausencia de nuevas medidas tributarias. Los PGE 2019 no aprobados contemplan medidas de lucha contra el fraude y nuevas figuras tributarias, como el Impuesto sobre las Transacciones Financieras o el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, esto se queda parado. Ahora mismo, ni siquiera pueden aprobarse mediante decretos leyes.
- En resumen, todo lo que suponga un incremento de gasto respecto a los Presupuestos vigentes: actualización de las pensiones respecto al IPC, aumento salarial de los funcionarios públicos, i+D+i… todas esas partidas se quedan desactualizadas.
Si para febrero tuviésemos ya un Gobierno consolidado, podría aprobar gastos extraordinarios mediante decretos leyes y luego regularizar esos gastos en los PGE que se aprobasen a posteriori. Entonces, cambiaría su condición de gastos extraordinarios a ordinarios.